El Gobierno aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros la ley de Protección Integral de la Infancia frente a la Violencia, según ha anunciado en el Parlamento el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que bautizó este proyecto como ley Rhodes.
"Esta ley estaba llamada a ser el primer proyecto que sacara adelante esta vicepresidencia, pero su aprobación se vio interrumpida por la llegada de la pandemia aunque ya estaba prácticamente lista", ha explicado Iglesias durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
El vicepresidente ha asegurado que se está trabajando para que sea en esa próxima reunión del Consejo de Ministro del martes 9 de junio cuando "vea la luz esta ley, que va a ser fundamental para proteger los derechos de la infancia y la adolescencia en nuestro país", y ha reconocido que le "llena de orgullo" poder impulsarla desde su departamento de Derechos Sociales.
"La aprobación de esta ley va a ser un paso histórico para que las generaciones actuales y futuras de niños, niñas y adolescentes puedan crecer libres de violencia", ha aseverado Iglesias.
Ha destacado que "no sólo va a contribuir a frenar la reproducción de una realidad execrable, como es el maltrato y la violencia contra niños, sino que también va a ayudar a prevenir muchas de las peores consecuencias físicas, emocionales y psicológicas".
La ley establece el deber para todos los ciudadanos de denunciar de forma inmediata la existencia de indicios de violencia ejercida sobre menores.
"Es una ley que está diseñada para implicar al conjunto de la sociedad en la respuesta frente a la violencia contra la infancia y la adolescencia, tratando de revertir la invisibilización de este tipo de situaciones que se encuentra muchas veces detrás de su propia reproducción", ha indicado Iglesias.
Además, crea una nueva figura, la del "coordinador de bienestar y protección" en los centros educativos, donde se establecen protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia.
El plazo de prescripción de los delitos graves contra menores no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido 30 años, se crean unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, la formación especializada a jueces y fiscales y se fijan protocolos de prevención obligatorios en todos los centros de menores.
La nueva legislación también crea un Registro Central de Información sobre la violencia contra la infancia, ha recordado Iglesias.
