La rebaja del delito de sedición anunciada por el Gobierno, de la que podrían beneficiarse los condenados por el referéndum del 1-O, provoca incomprensión y malestar en algunos sectores del PSOE, los mismos que suelen levantar la voz de alarma ante los gestos de Pedro Sánchez hacia el independentismo catalán. El presidente de Castilla-la Mancha, Emiliano García Page, que ya criticó la negociación con ERC para lograr la reciente investidura, cargó este jueves contra el presidente del Gobierno, que durante la reciente campaña empleó un tono duro frente a la crisis territorial y en ningún momento abogó por una modificación del Código Penal como la propuesta ahora.

"Ahora que hablamos de códigos penales, además del código penal existe un código ético y político. Sería grave la tipificación de quien hace exactamente lo contrario de lo que promete", dijo Page, en referencia a los cambios del líder socialista. "Con los derechos de los españoles no se mercadea, con el Código Penal no se puede mercadear. No es una cuestión negociable, es una cuestión de alto consenso social que no pueden decidir aquellos que aún hoy siguen diciendo que si lo pueden hacer volverán a hacer lo mismo", continuó el presidente castellano-manchego.

La tesis de Page va radicalmente en contra del discurso del Gobierno de coalición del PSOE y Podemos, que insiste en que el cambio normativo, que los socialistas quieren tramitar por la vía de urgencia para que entre en vigor antes del verano, obedece a la necesidad de "adecuarlo" al siglo XXI y a las leyes del entorno europeo. "Las figuras penales de sedición y rebelión son propias del siglo XIX", argumentó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, también consideró "de sentido común" adaptar el delito de sedición "a los estándares europeos".

La situación de los presos

Pero dentro de la órbita de Podemos tampoco hubo palabras coincidentes. El portavoz de En Comú-Podem, Jaume Asens, señaló que la reforma debe "conseguir que los dirigentes independentistas en la cárcel puedan recuperar su libertad" y se recupere la "normalidad democrática", algo que a su juico no se logrará hasta que Oriol Junqueras y otros dirigentes de ERC y JxCat salgan de prisión.