La legislatura toca a su fin marcada por el desafío independentista en Cataluña. El rechazo a los Presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez, tumbados por ERC y PDeCAT en el Congreso, ha sido el último capítulo de las tensiones a las que han sometido al Estado los partidos secesionistas.
En pleno juicio al 'procés', la vía de diálogo abierta por Sánchez tras la moción de censura no ha fructificado. Pero la crisis de Cataluña se explica por las decisiones de los independentistas meses atrás, con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo, las mismas que han llevado ahora a sus líderes hasta el banquillo del Tribunal Supremo,
Aunque los secesionistas ya habían marcado su hoja de ruta para saltarse la ley, los hechos se precipitaron en septiembre de 2017. Con los puentes de negociación rotos con el Gobierno del PP, los partidos independentistas del Parlament abrieron la vía unilateral con la aprobación de las leyes de desconexión en unas polémicas sesiones en la cámara autonómica.
El mismo mes, una multitud sitió a la comitiva judicial y los guardias civiles que participaban en el registro de la sede de la Conselleria de Economía, hoy uno de los hechos clave en la acusación por rebelión de la Fiscalía contra los líderes del 'procés'.
La escalada de tensión se mantuvo en las calles y desde las instituciones catalanas, que convocaron el referéndum del 1 de octubre pese al veto del Tribunal Constitucional. El resultado fue una votación sin garantías ni validez aunque con una participación masiva del independentismo. Pero como imagen de la jornada quedaron las cargas policiales contra los manifestantes, unos incidentes que recogieron los medios de medio mundo y que sirvieron para alimentar el relato de los partidos secesionistas.
Los independentistas volvieron a movilizarse en una huelga general el día 3, boicoteando comunicaciones en una jornada en la que también se rodearon las sedes de los partidos que rechazaron el referéndum y se hostigó a los agentes policiales ante las comisarías o en sus residencias.
Una semana después, Carles Puigdemont, presidente entonces de la Generalitat de Cataluña, declaró la independencia para dejarla inmediatamente "suspendida", en una decisión que desconcertó también en las filas de los soberanistas. Pero el reloj de la respuesta del Estado ya se había puesto en marcha para la aplicación del artículo 155, que el Senado aprobó el día 26 de octubre. El 27, sin embargo, el Parlament de Cataluña votó la declaración de independencia. Las detenciones de cargos de la Generalitat y activistas como Jordi Sànchez o Jordi Cuixart y la huida de España de Puigdemont y varios consejeros fueron jalonando el final del desafío.
El intento de independecia acabó en un rosario de iniciativas de la justicia, que sigue investigando en diversas causas graves delitos, como los de rebelión, sedición, maversación o desobediencia.
Hoy, el choque con el Estado sigue sin desembocar en una vía de solución. Ni las elecciones en Cataluña que entregaron de nuevo el poder a los independentistas, esta vez con Joaquim Torra como presidente ni el cambio de Gobierno en Madrid tras la moción de censura contra Rajoy han logrado desatascar la cuestión catalana. Precisamente la exigencia de negociar la autodeterminación ha sido en la última semana la clave que ha acabado por dinamitar los Presupuestos de Sánchez y con ellos el final de su Gobierno y de una legislatura que dejará en herencia el mismo problema.
