¿Hubo realmente violencia o fue solo una "actitud hostil"? Tan incuestionable para la Fiscalía como inexistente para las defensas, la respuesta será sin duda la clave que vertebrará el juicio del procés y que marcará el futuro de Oriol Junqueras y de otros 11 líderes soberanistas.

Porque es precisamente la cuestión de la violencia la que determina el elemento central del juicio: ¿Rebelión o sedición?.

La Fiscalía lo tiene claro. El procés fue, en términos de algunas fuentes consultadas, la "crónica de una rebelión anunciada" porque algunos acusados sabían que podría desatarse la violencia y no lo impidieron pese a las advertencias de los Mossos d'Esquadra.

Y es por ello que atribuye este delito a nueve acusados, entre ellos el exvicepresident Junqueras, que se enfrenta a la pena más alta: 25 años de cárcel.

Su actuación, a juicio de la Fiscalía, va más allá del "levantamiento público y tumultuario" propio de un delito de sedición y encaja de lleno en la rebelión, que castiga, según el artículo 472 y siguientes del Código Penal a "quienes se alcen violenta y públicamente para, entre otros objetivos, declarar la independencia".

El Ministerio Público nunca lo dudó ni un ápice, principalmente a raíz de los "violentos sucesos" en la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017 o de las agresiones contra agentes el 1-O, que son las dos actuaciones que sustentan la base de la violencia, entendida desde un punto de vista físico, es decir, con incidentes.

Jornada de movilizaciones en Cataluña por el referéndum independentista

Jornada de movilizaciones en Cataluña por el referéndum independentista

Movilizaciones en Cataluña el 20 de septiembre del 2017. Vídeo: ATLAS

Aunque la Fiscalía va más allá y defiende un concepto más amplio de violencia, entendida como una forma de presión para obligar al Estado a "capitular" a la independencia de Cataluña.

Y como ejemplo plantea la "incendiaria convocatoria" del 20-S en la citada Conselleria, donde se congregaron 60.000 personas para impedir la actuación de la comisión judicial que registraba el edificio, de la que hace responsables directos a "Los Jordis".

Eso, dice la Fiscalía, es también violencia porque los acusados se valieron de la "fuerza intimidatoria" que representaba aquella masa de gente como método de presión y coacción.

Rechaza por tanto entender el clásico concepto de la rebelión como una mera insurrección armada, que es precisamente el argumento al que se agarran las defensas para descartar que haya tal delito. Éstas creen que ese es el grado de violencia que debe producirse para hablar de rebelión, algo que todos reconocen no se produjo.

Aunque sí la suficiente, dice la Fiscalía. La imagen de los coches de la Guardia Civil destrozados con manifestantes y periodistas subidos, es también ejemplo de esos "incidentes violentos", enumerados por los mandos de los Mossos a Carles Puigdemont y a Junqueras en una reunión para advertirles del riesgo de una escalada de violencia el 1-O.

Pero el Govern hizo caso omiso y siguió adelante con la votación al asumir así una estrategia de confrontación entre los ciudadanos y los agentes que desembocó en un "levantamiento generalizado salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia".

Una visión, por cierto, en las antípodas de la de las defensas, que hablan de violencia policial unidireccional, aquella que sufrieron los catalanes que solo querían votar, y de unos dirigentes pacíficos dirigiendo un proceso igual de pacífico.

Las alusiones a la violencia lo impregnan todo en esta causa. No hay escrito o interrogatorio en el que no tenga protagonismo ya sea por acción, como Fiscalía y Vox, o por omisión.

Tal es el caso de la Abogacía, cuyo escrito de acusación se desmarcó de la línea fijada por la Fiscalía y optó por ver "una actitud hostil" donde antes apreció violencia.

El ejemplo más paradigmático se explica por las veces en que la palabra violencia aparece en sus escritos: 23 en el de Fiscalía y ninguna en el de Abogacía.

El Ministerio de Justicia, del que depende la Abogacía del Estado, ha negado ninguna injerencia política en su trabajo, pero la oposición ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizarla para sus intereses políticos.

Lo cierto es que el jefe del área Penal de la Abogacía del Estado, Edumdo Bal, fue relevado por sus críticas al cambio de criterio.

El escrito rebaja el tono con otras palabras y, en vez de violencia subraya que hubo hostilidad, todo ello pese a que el relato es prácticamente idéntico al de Fiscalía.

Así, habla de "ambiente crispado y hostil" en la Conselleria de Economía, de "actitud hostil" en la de Exteriores y de "concentraciones hostiles" ante los cuarteles de la Guardia Civil.

Tensión en Barcelona tras el registro en la Consejería de Economía de la Generalitat

Tensión en Barcelona tras el registro en la Consejería de Economía de la Generalitat

Tensión en la consejería de Economía el 20-S del 2017. Vídeo: ATLAS

Y se refiere a la posibilidad de "altercados, tumultos y disturbios" en caso de producirse la votación, todos ellos actos difíciles de entender sin un componente violento.

Ya con Vox la violencia adquiere otros tintes. Más magnificada. Pasa a ser un "ataque subversivo" y una "estrategia golpista" promovida por el Govern y especialmente por ANC y Òmnium a través de "una intensa y violenta movilización ciudadana".

Con todo, la violencia tendrá la más alta cuota de protagonismo en el juicio, pues de probarla dependerá que los hechos se califiquen de rebelión, con penas mucho más altas que las de sedición. La respuesta a la cuestión jurídica más importante, en la sentencia.