El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha trasladado al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, que precintar los colegios electorales de cara al 1-O, cumpliendo así su instrucción, puede poner en riesgo el orden público.

Así se ha expresado en un escrito presentado al fiscal en la reunión mantenida este miércoles junto con los mandos de la Guardia Civil y Policía Nacional en Cataluña, y el coordinador del dispositivo policial del 1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos, han informado fuentes de la policía catalana a Europa Press.

Según han informado los Mossos en su cuenta de Twitter, se ha explicado al fiscal que "el cumplimiento de instrucciones no excluye la responsabilidad profesional de contemplar que aplicarlas puede acarrear consecuencias no deseadas", como alteraciones del orden

público.

"Estas consecuencias se refieren a la seguridad ciudadana y el más que previsible riesgo de alteraciones de orden público que se puedan derivar", han puntualizado.

En la red social, los Mossos han explicado que se han transmitido al fiscal varias consideraciones "respecto de la situación de tensión que se está generando en relación con los actos del próximo 1-O".

En cualquier caso, afirman que todas las consideraciones se hacen desde la voluntad de dar "el mejor y más adecuado cumplimiento a sus instrucciones".

Afirman que la aplicación de las medidas acordadas por Fiscalía se ajustarán a los principios básicos que rigen cualquier actuación policial y que esto conlleva "la necesidad de ser especialmente cuidadosos con los principios de oportunidad, proporcionalidad y congruencia".

"La estricta aplicación tendría consecuencias"

Además, Trapero ha alertado de que la "estricta aplicación" de la orden tendría consecuencias "no deseadas", ya que obligaría a suspender la actividad en servicios "esenciales" como hospitales, ambulatorios y geriátricos.

En un escrito, el mayor de los Mossos se compromete a aplicar las instrucciones de la Fiscalía, aunque de acuerdo con los principios de "oportunidad, proporcionalidad y congruencia" para evitar el "previsible riesgo de alteraciones del orden público".

Trapero expresa en su escrito una batería de objeciones y peticiones de aclaración a la Fiscalía sobre su instrucción de precintar los colegios electorales, con las que, según precisa, pretende "dar el mejor y más adecuado cumplimiento" de las directrices del ministerio público.

Según Trapero, la "estricta aplicación" de la instrucción de la Fiscalía de precintar los puntos designados como colegio electoral "podría comportar unas consecuencias no deseadas para nadie en relación a la seguridad ciudadana y el más que previsible riesgo de alteraciones de orden público que se puedan derivar".

Trapero detalla que entre los puntos designados como locales de votación existen centros educativos, pero también ambulatorios, hospitales y centros médicos, bibliotecas, juzgados, geriátricos, pabellones deportivos, entidades religiosas, locales de medios de comunicación, asociaciones de vecinos, teatros, centros de ocio ("esplais") y guarderías.

"El cierre o precinto de estos locales o establecimientos supondría impedir el desarrollo de las actividades que ordinariamente se realizan en estos espacios, lo que, por su relevancia, pueden tener afectación sobre la prestación de servicios públicos esenciales e, incluso, podrían comportar una afectación a derechos fundamentales de los ciudadanos", alerta Trapero.

El director de los Mossos: "No estamos para impedir derechos"

El director de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, ha asegurado hoy que la "misión principal" de las policías "es garantizar los derechos, no impedir su ejercicio".

En un mensaje en Twitter, Soler se refiere así, aunque sin citarlo expresamente, a las instrucciones de la Fiscalía para que los Mossos d'Esquadra impidan la celebración del referéndum independentista del próximo domingo, 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.

"Que nadie se equivoque, la misión principal de las policías, Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional es garantizar derechos, no impedir su ejercicio", afirma.