PSOE y PP proponen la elaboración de una nueva Ley de Ciencia

Esta ley, que sustituiría a la antigua Ley de la Ciencia, de 1986, constituye el elemento de partida de las promesas electorales de los socialistas en materia científica, junto a la intención de duplicar los actuales recursos destinados a Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).

Según ha indicado recientemente la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la propuesta de Ley de Ciencia y Tecnología persigue dar "estabilidad" al sistema científico español y conseguir la "excelencia y la internacionalización".

Además, los socialistas han propuesto la creación de un "Pacto con la Ciencia", que incluiría a las administraciones públicas, las empresas y las universidades "en torno a la comunidad científica", así como la incorporación de 50.000 personas al sistema español, de las cuales, un tercio correspondería al sector público y el resto a las empresas.

Otras de las promesas del PSOE de cara a los comicios del 9 de marzo consisten en la definición del Estatuto del Investigador y la mejora de la remuneración del Personal Universitario en Formación y el Personal Investigador en Formación, con un mínimo de 1.400 euros durante la fase de iniciación, y de 1.700 euros, durante la de consolidación.

Por su parte, el PP propone junto a la elaboración de la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, aumentar los fondos destinados a la I+D, de forma que se consiga converger en ocho años con la UE y se logre una inversión privada del 66 por ciento.

La elaboración de un Plan Nacional de I+D+i, basado en la potenciación del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la cooperación entre la Administración central y las comunidades autónomas, es otra de las propuestas estrella de los populares.

Respecto a la situación de los investigadores en el sistema español, el PP ofrece una contratación desde el inicio de la carrera investigadora "con el reconocimiento de los correspondientes derechos sociales".

Asimismo, propone la creación de un Fondo Nacional de Excelencia Investigadora y Tecnológica, diseñado para premiar a los grupos de investigación más destacados, e incide en la necesidad de "internacionalizar" el sistema con una participación más activa de los científicos españoles en foros, programas y grandes instalaciones internacionales.

Junto a estos dos partidos, Izquierda Unida plantea la creación de un Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, del que dependerían todos los Organismos Públicos de Investigación (OPIS) y las universidades.

Este nuevo ministerio conllevaría la aprobación de un Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación, que integraría todas las acciones de ese departamento.

En el apartado dedicado al personal científico, IU incluye, al igual que el PP, la promesa de convertir todas las becas de investigación en contratos laborales, además de derogar el Estatuto del Becario.