Tras la calma del verano, vuelve la polémica sobre la intención del Gobierno de poner peajes en todas las autovías y autopistas para 2024. Una medida que se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España remitido a Bruselas.

La última en pronunciarse sobre esta medida ha sido la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, quien recientemente volvió a esgrimir el discurso de la necesidad de sostenibilidad de la red viaria española para justificar los peajes en autovías y autopistas. “Necesitamos recursos para poder mantener unos estándares adecuados de calidad de nuestras carreteras”. Una excusa que como ya demostramos no se corresponde con la realidad, puesto que sólo con los impuestos directos al coche que se recaudan en un año, como gravámenes en los carburantes o con las tasas en la compra del automóvil, no sólo se liquida la deuda que existe en el mantenimiento de autovías y autopistas, sino que se paga la conservación de sus próximos 21 años.

La segunda gran excusa para poner en marcha este nuevo impuesto es que “tenemos que responder al criterio europeo de quien contamina paga, y como indicaba, contribuir a la reducción de los gases de efecto invernadero que se generan”, añadió la ministra. La tercera es que la mayoría de países de la Unión Europea ya cuenta con este tipo de sistema.

Pese a todos estos argumentos, los futuros peajes en autovías y autopistas son una medida antipopular, por lo que el Gobierno quiere impulsar un «diálogo transparante» con los agentes sociales y las administraciones antes de aprobarlos. Tanta polémica desató el anuncio de este nuevo tipo de impuesto, que el anterior ministro de Transportes, José Luis Ábalos, trató de desviar la atención diciendo que es un plan que el PP ya tenía en mente en 2018.

Por el momento no se ha especificado ni en qué carreteras ni de qué manera se emplearán los pajes. Según Sánchez, el Ejecutivo todavía está «analizando cuál es la fórmula más idónea» de imponer este pago por uso. Un nuevo impuesto que afectará a todos los conductores; sólo si estás dentro de uno de estos tres grupos quedarás libre de pagar peaje en carreteras, según la DGT.

Aquellos conductores que no se libren de pagar los peajes por el uso de la red de carreteras de alta capacidad de España, recaudarán para las arcas del Estado aproximadamente unos 3.000 millones de euros anuales, lo que supondría incrementar en casi el 50% el presupuesto actual para infraestructuras viarias que tiene el Ministerio de Transportes, que es de 2.340 millones de euros.