El Gobierno de Meloni repatria a Italia a casi todo el personal de los centros de internamiento de migrantes en Albania

La descomposición del plan de Giorgia Meloni de deportar a migrantes a Albania suma otro ladrillo. Es lo que se desprende de la decisión del Gobierno de la ultraderechista de repatriar, tan solo un mes después de la puesta en marcha de la iniciativa, a la práctica totalidad de los agentes y operadores que habían sido enviados a los centros de identificación y expulsión construidos en el país balcánico, según han informado los medios italianos citando fuentes del Ministerio de Interior transalpino. 

La decisión llega después de que la justicia italiana invalidara la retención de dos grupos de migrantes que Italia había rescatado en el Mediterráneo y enviado a Albania, y cuando se espera que el Tribunal Supremo italiano y los tribunales europeos se pronuncien sobre el caso. Una situación que ha tenido como consecuencia inmediata que los centros de Shengjin y Gjadër (con unas 400 camas) quedaran inactivos y que los más de 200 funcionarios de prisiones de la policía, los empleados de la cooperativa que debía gestionar la asistencia social y los administrativos, no tuvieran mucho qué hacer durante semanas.

Con ello, a partir de ahora, las dos estructuras (en las que se debían retener a unos 36.000 migrantes al año, según Meloni, y que solo llegaron a alojar a 24 de los miles que han llegado a Italia desde octubre) quedarán únicamente en manos del personal albanés y de un pequeño grupo de menos de diez operadores italianos que ejecutarán funciones administrativas. El objetivo, según ha hecho saber el Ministerio del Interior, es que los centros sigan siendo “vigilados” a la espera de las resoluciones judiciales.

Golpe a los jueces

Esto último remite en particular a un procedimiento iniciado ante el Tribunal de Justicia de la UE, al que los jueces italianos han pedido que se pronuncie sobre si debe prevalecer el derecho italiano o el europeo en este caso (después de que el Ejecutivo italiano incluyera en sus listas de países seguros a países en los que se cometen violaciones de derechos humanos, como Egipto). El otro dictamen que se espera es el del Tribunal Supremo italiano que tiene previsto pronunciarse el próximo 4 de diciembre sobre la primera deportación, invalidada por los jueces el pasado 18 de octubre. 

Un descalabro que, sin embargo, podría no pasarle factura a Meloni. Al revés. Según reflejan algunas encuestas publicadas en estos días, más del 50% de los italianos no estarían de acuerdo con las decisiones de los tribunales italianos y que el 45% cree que se trata de decisiones "políticas" que son parte de una embestida contra del Gobierno, como también ha difundido el centro Euromedia Research. Lo que, según las mismas fuentes, ha hecho bajar el índice de popularidad de los jueces italianos al 31%. 

El detalle no es insignificante en un momento en el que Meloni y los jueces de su país mantienen el peor enfrentamiento de un Ejecutivo italiano con el poder judicial en décadas. Una situación que tampoco ha sido un obstáculo para que Meloni consiguiese el reciente nombramiento de Raffaele Fitto como nuevo vicepresidente de la Comisión Europea de Ursula von der Leyen. Todo ello después de que la propia von der Leyen abriera la puerta a la apertura de centros fuera de territorio comunitario para expulsar a quienes quieren llegar a la Unión Europea.