Inmigración en EEUU: Harris se escora hacia la mano dura en un debate envenenado por Trump

El abuelo de Donald Trump llegó a Estados Unidos como emigrante de Alemania, expulsado de allí. Los padres de Kamala Harris cambiaron a finales de los años 50 y principios de los 60 India y Jamaica por la Universidad de Berkeley, en California. Hoy, el republicano y la demócrata, hijos de la inmigración, se miden en una feroz carrera por la presidencia de un país donde la llegada de extranjeros, ilegal pero también legal, se ha convertido en uno de los asuntos centrales de la campaña. 

El discurso político sobre la inmigración se ha hecho tóxico, envenenado por el mensaje abiertamente xenófobo y las propuestas radicales de Trump para un posible segundo mandato, incluyendo “la mayor operación de deportación de la historia” en un país donde la población inmigrante es de 48 millones de personas y se calcula que 13,3 millones viven sin papeles, incluyendo 2,3 millones que han entrado durante la Administración de Joe Biden y están pendientes de la tramitación de sus solicitudes de asilo.

El expresidente este mismo jueves definía EEUU como un “cubo de basura” y sumaba otra provocación incendiaria a su intensa escalada retórica. Lleva meses hablando de “invasión”, de “un país ocupado” y de los inmigrantes como “animales”; usando frases de ecos nazis como “que “envenenan la sangre del país”; extendiendo teorías de la conspiración, bulos y falsedades y distorsionando datos sobre la relación de inmigración con crimen o sobre su impacto económico.

El discurso político en la campaña, más allá de Trump, constata en cualquier caso un desplazamiento general hacia una política de mano dura, especialmente en la frontera. Es un movimiento que el gobierno de Joe Biden ha realizado en los últimos meses y que Harris, como candidata, también ha adoptado, replicando una escora que se percibe en la población general. 

Según un sondeo del centro Pew, un 80% de quienes apoyan a Harris y el 96% de quienes apoyan a Trump quieren ver la seguridad fronteriza reforzada. Otras encuestas apuntan a que el número de estadounidenses que creen que la inmigración debe reducirse ha pasado del 28% hace cuatro años al 55% hoy. Y en un sondeo de Associated Press y NORC el republicano lleva siete puntos de ventaja sobre la demócrata, 44 frente a 37%, cuando se pregunta quién podría manejar mejor la cuestión de la inmigración.

Apoyo a la deportación masiva

En el caso de Trump toda la propuesta política de campaña pasa por el tamiz de la inmigración, sea al hablar de inflación, de escasez de vivienda, de empleo y sueldos o de crimen. Es una apuesta personal, que ha redoblado convencido de que es lo que anima a los votantes, que cree que “se aburren” si hace exposiciones alejadas de lo incendiario en cuestiones como la economía.

Su propuesta de deportación masiva alerta no solo a activistas que advierten del coste humano y moral en un país donde, junto a los 13,3 millones de sin papeles, hay 4,4 millones de menores estadounidenses que tienen al menos uno de sus padres en situación irregular. Hace también saltar alarmas entre quienes avanzan el brutal impacto negativo que tendría en la economía. 

Pero Trump cuenta con amplio respaldo social, y no solo entre sus bases más fieles. Según un sondeo reciente de Scripps News e Ipsos, la deportación en masa es una idea que apoyan más de la mitad de los estadounidenses, incluyendo el 58% de los independientes y un 25% de los demócratas.

Contra la inmigración ilegal y legal

J.D. Vance, el candidato a vicepresidente de Trump, verbalizaba hace solo unos días que los planes del republicano no pasan solo por poner coto a la inmigración ilegal, tema prioritario para cuatro de cada 10 estadounidenses en estas elecciones según sondeos, sino también a la legal, que el expresidente republicano ya redujo en el primer mandato, marcado también por políticas draconianas como la separación de familias y el veto musulmán. 

Se plantea, por ejemplo, retirar el derecho por nacimiento a la nacionalidad y poner fin a programas como el estatus de protección temporal, que se estableció en 1990, ayuda a más de 800.000 inmigrantes de 16 países, hoy sobre todo de Haití y Venezuela, y donde muchos de los beneficiarios llevan viviendo en EEUU más de dos décadas. También se pone sobre la mesa acabar con lo que denostan como ”inmigración en cadena” (con la que inmigrantes naturalizados traen a sus familias, igual que hizo Melania Trump con sus padres) y acabar con las protecciones que Barack Obama extendió a cerca de 600.000 ‘dreamers’, inmigrantes que llegaron sin papeles cuando eran menores con sus padres.

Sería un golpe para un país donde el número de nacidos en extranjero ha pasado de 31,1 millones de personas en 2000 a 46,2 millones en 2022 según datos del censo, una nación donde la inmigración legal es la mayoritaria y donde el retrato de Trump es una clara distorsión. 

Según un estudio presentado este mes por la Fundación Nacional para la Política Estadounidense (NFAP por sus siglas en inglés) los inmigrantes con título universitario han pasado en dos décadas de ser el 11,1% al 21,6% y los nacidos en el extranjero representan casi el 26% de quienes consiguen un doctorado en el país. 

Además, los trabajadores inmigrantes han sido responsables del 88% del crecimiento de la fuerza laboral en los últimos cinco años, un tiempo en el que se han sumado menos de medio millón de trabajadores nacidos en EEUU frente a los 3,6 millones nacidos en el extranjero. Y la inmigrante es una mano de obra fundamental para la economía de un país que vive el envejecimiento de la población y el descenso de la natalidad.

Costes e impacto en la economía

Faltan detalles sobre la operación de deportación masiva que plantea Trump, en la que plantea usar la Guardia Nacional y dar autoridad a agencias del orden estatales y locales. Stephen Miller, que fue su principal asesor de inmigración en su primer mandato y sigue siendo su gurú en materia migratoria, ha planteado la idea de que podría realizarse con un millón de deportaciones al año. Eso obligaría a realizar la mayor operación policial de la historia de EEUU e incluiría la construcción de una enorme infraestructura de campos de detención.

Es imposible calcular el coste humano o el miedo que puede instalarse en comunidades de inmigrantes pero sí se han hecho números de la factura económica que tendría la aplicación de la idea, que indudablemente toparía con retos logísticos y organizativos así como judiciales. Según estimaciones presentadas este mes por el Consejo Estadounidense de Inmigración, si se realizara con el plan anual detallado por Miller podría costar hasta casi un billón de dólares en una década.

El impacto económico, en cualquier caso, va mucho más allá y la deportación masiva, según alertan los expertos, eliminaría millones de trabajos, tendría un coste estimado en cientos de miles de millones de dólares y desestabilizaría la economía. Expulsar a 7,5 millones de trabajadores, según algunos cálculos, podría recortar el Producto Interior Bruto un 12%.

Las cifras

Más de 30 millones de inmigrantes forman parte de la mano de obra en EEUU, lo que representa un 18% de la masa laboral según los últimos datos oficiales, de 2022. La mayoría son inmigrantes legales, 22,2 millones de personas que son el 13% de todos los trabajadores de EEUU. Quedan otros 8,3 millones que no están autorizados para estar en el país, un 5% de los trabajadores, y aunque son números mayores que los de justo antes de la pandemia, son similares a los de 2007.

De los no autorizados a EEUU, se calcula que solo el 4% trabajan en agricultura. Y la deportación masiva sería especialmente dañina para el sector de la construcción y el de hoteles y restauración, que emplean respectivamente a 1,5 millones y 1,1 millones de trabajadores sin papeles. Hay además otro millón de inmigrantes sin permisos de trabajo en servicios científicos, técnicos o administrativos, más de 700.000 que trabajan en manufactura y casi 600.000 en venta minorista.

Son inmigrantes que aportan 22.600 millones de dólares a la Seguridad Social y 5.700 millones a Medicare, la sanidad pública para mayores; en 2022 pagaron más de 29.000 millones de dólares en impuestos locales y estatales y casi 47.000 millones al fisco federal y mantuvieron tras ello 256.000 millones en poder de gasto.

Pese al apoyo a las deportaciones masivas, y el eco que logran las propuestas y denuncias de Trump, hay también otra realidad. Otro sondeo reciente del centro Pew muestra que la mayoría de estadounidenses están convencidos de que los inmigrantes, sin importar su estatus legal, ocupan trabajos que ellos, los propios estadounidenses, no quieren.

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