La Fiscalía General de Sri Lanka impidió este viernes el desalojo de la acampada de protesta instalada hace más de cien días en el centro de Colombo, epicentro del movimiento civil por la crisis económica del país, justo horas antes de que se cumpliera el plazo impuesto para expulsar a los manifestantes.

"El Fiscal General se comprometió a no retirar estas instalaciones sin seguir el debido proceso legal, sin tener una orden judicial. Esto significa que no pueden eliminar estos sitios arbitrariamente", dijo a Efe el abogado Nuwan Bopage, uno de los representantes de los manifestantes.

De acuerdo con esto, la acampada conocida como "Gota Go Gama", ubicada en el parque Galle Face, justo al lado de la Secretaría de la Presidencia, podrá continuar en el área hasta el 10 de agosto.

La decisión se produjo después de que los manifestantes presentaran cinco recursos ante la Corte de Apelaciones contra el desalojo notificado el pasado miércoles por la Policía, según el cual los ocupantes tenían hasta este viernes a las 17.00 horas (11.30 GMT) para abandonar el área.

Poco antes de que se conociera el aviso de la Fiscalía, imágenes difundidas por medios esrilanqueses y redes sociales mostraban a los manifestantes desmantelando las estructuras que acogieron por cuatro meses al movimiento.

Una biblioteca, un centro de conferencia, una galería de arte, sala de proyecciones, oficina de prensa, e incluso un huerto organopónico, formaban parte de la improvisada estructura de las protestas.

"Estuve aquí (en GotaGoGama) desde el 17 de abril. Primero dormía en la calle, después pasé al comedor comunitario y comencé a ayudar a los cocineros. Nos aseguramos de que nadie tuviera hambre. Son como una familia para mí. Me entristece que esto esté llegando a su fin", dijo a Efe Sarath Raja, una de las residentes del campamento.

La acampada se convirtió en el centro de coordinación para las manifestaciones callejeras contra el Gobierno por la crisis económica que azota la nación, y tras más de cuatro meses el movimiento logró la renuncia del expresidente Gotabaya Rajapaksa.

Pese a que esta dimisión y la elección de un nuevo Gobierno suponía la principal demanda de las protestas, varios líderes y manifestantes continuaron en el lugar después de que el Parlamento designara como sustituto de Rajapaksa a Ranil Wickremesinghe, antiguo primer ministro del exmandatario.

Desde su toma de posesión el pasado 21 de julio, el Gobierno de Wickremesinghe ha dado varios ultimátum a los manifestantes para que abandonen las premisas, empezando por la Secretaría de la Presidencia, asaltada y secuestrada por los manifestantes el pasado 9 de julio, en la jornada más intensa de las protestas.

"Nos fuimos hace unas dos semanas, incluso antes de que la policía hiciera ese anuncio, porque ya ganamos nuestra lucha, que era hacer que Rajapaksa renunciara. Si la gente quiere que este presidente renuncie también, entonces debemos empezar de nuevo", dijo a Efe un activista que prefirió mantener el anonimato.

En medio de la peor crisis económica de su historia, los esrilanqueses han vivido por meses con cada vez menos recursos, con servicios públicos racionados y luchando por acceder a escasos bienes esenciales como combustible, gas de cocina, leche, algunos alimentos y medicamentos.

El nuevo Gobierno ha intentado aliviar el descontento implementando medidas para racionar los pocos insumos de los que dispone, a la espera de negociar de manera favorable un programa de rescate con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le permita restablecer el equilibrio fiscal.

"Ciertamente va a ser un periodo difícil. No diré que no. Los primeros seis meses serán difíciles. Será un período que no hemos visto antes, pero tenemos que pasar por eso", dijo hoy Wickremesinghe, que ve el recate del FMI como la única salida.