La Comisión Europea ha hecho efectiva su amenaza y ha enviado al Gobierno polaco de Mateusz Morawiecki la carta en la que exige el pago de una multa de casi 70 millones de euros por no cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que el pasado 14 de julio exigió a suspensión inmediata de la Cámara disciplinaria del Tribunal Supremo polaco al considerar que “no ofrece las garantías de imparcialidad e independencia” respecto al poder político. Bruselas considera que las medidas notificadas por Varsovia a finales de diciembre para cumplir con el fallo "son insuficientes” y ha optado por reclamar el pago.

Fue a principios de noviembre pasado cuando la corte europea determinó que el Gobierno polaco debía abonar una multa de un millón de euros al día por cada día de incumplimiento de la sentencia que concluyó que la sala disciplinaria “no es inmune a las influencias directas o indirectas del poder legislativo y el ejecutivo polaco” y que puede ser utilizada para ejercer presión sobre los jueces con el fin de influir en sus decisiones y socavar la independencia de los tribunales.

El plazo de la multa empezó a contar el pasado 3 de noviembre y la sanción seguirá creciendo hasta el que Ejecutivo que lidera el partido Ley y Justicia se pliegue a las exigencias de Bruselas y de la justicia europea. La primera factura enviada este pasado miércoles, que incluye hasta el 10 de enero, se eleva a casi 70 millones de euros y las autoridades polacas tendrán un plazo de 45 días para pagar la sanción.

Reducción de fondos

De no abonar la sanción requerida, la Comisión Europea descontará el montante de los próximos pagos previstos al país en el marco del desembolso de los fondos europeos, como los de cohesión o estructurales. En todo caso, la multa seguirá sumando y creciendo. Según ha confirmado el portavoz de justicia, Christian Wiegand, Bruselas enviará una carta mensual reclamando el pago de la sanción correspondiente. 

Este no es el único caso que afecta al Gobierno polaco que también se enfrenta a otra multa diaria de 500.000 euros por la mina de carbon de Turow, cerca de la frontera con la República Checa. Varsovia tendrá hacer el pago hasta que respete la sentencia cautelar que le obliga a cerrar la mina objeto de contencioso en los tribunales. Según Bruselas, aunque los dos países afectados “encuentren una solución la multa todavía debería ser pagada” por el periodo que va del 20 de septiembre hasta el día en que los checos retiraran la denuncia de la corte europea con sede en Luxemburgo.