Unos cinco millones de hondureños están llamados el domingo a elegir al reemplazante del cuestionado presidente Juan Orlando Hernández (JOH) así como a los integrantes del nuevo Congreso y las autoridades comunales. Quince candidatos compiten por la presidencia. Las últimas encuestas le asignan posibilidades a Nasry Asfura, del oficialista Partido Nacional; Yani Rosenthal, (Partido Liberal) y, en particular, a Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre). Ella es la esposa del expresidente Manuel Zelaya, cuyo derrocamiento en 2009 por parte de una conjura miliar y judicial abrió las puertas de una profunda crisis política, económica y social que se ha prolongado hasta el presente.

La disyuntiva entre la continuidad o el cambio marca la jornada. El nivel de participación electoral tendrá, de acuerdo con diversos analistas, impacto en las urnas: a mayor cantidad de abstención, menores serán las posibilidades de los opositores de derrotar al partido de Gobierno.

La herencia de JOH, un político investigado por un tribunal norteamericano por delitos relacionados con el narcotráfico, es desoladora: Honduras tiene un 80% de pobres. Muchos de ellos sobreviven gracias a las remesas. El 20% del PIB de ese país proviene de los envíos que, este año, llegarán a los 8.000 millones. El futuro mandatario no solo tendrá que enfrentar ese flagelo sino otras de sus más inquietantes derivaciones: la violencia de las bandas delictivas y los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Las caravanas de familias desesperadas hacia ese país han tenido un enorme trasfondo dramático en plena pandemia. En los primeros diez meses de este año, 44.697 hondureños fueron deportados desde EEUU, un 27,2% más que en 2020.

Violencia política

Las elecciones, que solo tienen una vuelta, estuvieron precedidas por numerosos episodios de violencia política. La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, contabilizó al menos 29 muertos desde la convocatoria a elecciones primarias en 2020. Los comicios traen la marca de la sospecha. En 2017, la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) puso en duda la integridad y calidad del resultado que permitió a JOH ser reelecto. Pero la Administración de Donald Trump respaldó las ambiciones del presidente de permanecer en el poder.

Tres años más tarde, Hernández es visto como la cabeza de una suerte de narco-Estado. La fiscalía de Nueva York lo ha involucrado, junto con su hermano, en una trama vinculada con la entrada de cocaína en Estados Unidos. Los resultados del domingo no son ajenos a las derivaciones judiciales. Existe el temor de que el veredicto de las urnas sea alterado como hace cuatro años porque ese es el único camino que parece tener JOH para garantizar cierto nivel de impunidad. Los rivales del oficialismo advirtieron al menos en campaña que se terminaron los días de indulgencia. Una victoria del oficialismo en esas condiciones puede abrir un nuevo ciclo de fuertes confrontaciones en Honduras, advierten los especialistas.