El aclamado acuerdo de izquierdas que ha permitido al Partido Socialista (PS) gobernar en Portugal desde 2015 ha llegado definitivamente a su fin. Los presupuestos presentados por el Gobierno no han convencido al Partido Comunista Portugués (PCP) ni tampoco al Bloco de Esquerda (BE), que han votado en contra, provocando una crisis política y un adelanto electoral en el país. De los 230 escaños del Parlamento, tan solo los 108 diputados socialistas han votado a favor, frente a los 117 diputados que han votado en contra. Los cinco restantes se han abstenido. Ahora está en manos del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, disolver el Parlamento y fijar una fecha para las elecciones. Una decisión que tomará en las próximas semanas.

El presidente ya ha iniciado contactos con el primer ministro, António Costa, y con el presidente de la cámara legislativa, Ferro Rodrigues, para valorar la situación, y a principios de la próxima semana estudiará con los partidos el mejor momento para convocar los comicios. Hasta entonces, tanto el Gobierno como el Parlamento funcionarán con plenas capacidades, ya que Costa ha descartado dimitir. Una vez aprobado el decreto de disolución del Parlamento, se pondrá en marcha un plazo de 60 días para la convocatoria electoral.

Debate encendido

Los socialistas y sus antiguos socios han continuado con el intercambio de reproches de los últimos días en la última jornada de debate presupuestario. Tanto el primer ministro Costa como los ministros de Finanzas y de Economía, han defendido la gestión socialista desde que el partido llegó al poder en 2015, cuando el país atravesaba una grave crisis económica con un déficit disparado y la deuda pública en ascenso.

Costa ha criticado al BE y al PCP por no viabilizar lo que los socialistas consideran los presupuestos más a la izquierda desde que llegaron al poder -con medidas como el aumento de 40 euros del salario mínimo, hasta los 705 euros, o la inversión de 700 millones de euros en el Servicio Nacional de Salud (SNS)-, pero los antiguos socios han exigido un mayor esfuerzo al Ejecutivo, especialmente en materia de pensiones, salarios y sanidad.

La negativa de los partidos de izquierdas a la aprobación de las cuentas compromete la capacidad de gasto del Gobierno para el próximo año, que estará limitada por ley. El Ejecutivo ha advertido de que esta limitación pone en riesgo la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR), aunque los expertos apuntan a que todavía hay mecanismos para dar cabida al dinero procedente de Europa por vía de una alteración urgente de los presupuestos de 2021.

Elecciones anticipadas

La voluntad de la mayoría de los partidos es disolver la cámara lo antes posible, pero los procesos internos en las dos principales formaciones de derechas, el Partido Social Demócrata (PSD) y el Centro Democrático y Social (CDS), que elegirán a su líderes en los próximos meses, forzarán probablemente a Rebelo de Sousa a retrasar la convocatoria. Estas luchas pueden perjudicar a los dos partidos en las próximas elecciones, ya que los líderes electos contarán con poco tiempo para preparar la campaña y configurar las listas electorales. El CDS, que llegó a conseguir 24 escaños en 2011 y fue un actor clave en el Gobierno de Pedro Passos Coelho (2011-2015), está en caída libre y en riesgo de desaparecer si no opta por una coalición con el PSD. 

En el caso de la izquierda la situación no es mucho más alentadora. El PS sufrió el desgaste de seis años de Gobierno en las últimas elecciones municipales, en las que a pesar de la victoria, perdió ciudades importantes como Coimbra o Lisboa. Las encuestas tampoco favorecen al PCP y al BE, que podrían sufrir las consecuencias de no apoyar las cuentas socialistas. El único partido realmente beneficiado de un adelanto electoral es Chega, la formación de extrema derecha, a la que algunas encuestas colocan como tercera fuerza política en las próximas elecciones.