Cuatro de cada diez argentinos son pobres y cada gasto adicional de las familias que todavía no pasaron a pertenecer a esa franja social las empuja hacia un temido horizonte de precariedad. Entre esos gastos están las tarifas de los servicios públicos. El Gobierno peronista no tiene mucho margen de acción. Le espera una derrota electoral en las legislativas de noviembre. Así y todo las autoridades económicas han decidido anunciar que el próximo año descongelarán el precio de la energía eléctrica y el gas natural. El proyecto presupuestario del 2022 contempla una reducción importante de los subsidios al consumo. El precio de la luz que pagarán los hogares subirá, como mínimo, un 30%.

Las tarifas representan un dolor de cabeza para el presidente Alberto Fernández, cuya popularidad cayó en picado. Su antecesor, Mauricio Macri (2015-19), llegó a autorizar incrementos que se acercaron al 2000%. Macri defendió las subidas alegando que Argentina era entonces el país con la energía más barata de la región. Los usuarios pasaron a pagar un 72% del costo de la generación de electricidad, contra el 15% de los años anteriores. Sectores del peronismo, por aquellos días en la oposición, no dejaron de recordar la fuerte relación que unía al mandatario con los empresarios del sector eléctrico.

A tres meses de asumir el cargo, Fernández se tuvo olvidar de sus promesas electorales de redención social para enfrentar la pandemia. Una de las medidas que tomó fue congelar las tarifas de la luz, el gas y el agua para atenuar algunos efectos del impacto económico de la emergencia sanitaria. En virtud de esa medida, el peso del gasto de los servicios públicos en la canasta de consumo pasó de ser de 7% durante el último año de Macri, al 3,5%. Cuando concluya este año, el precio de esos servicios se habrá incrementado un 6%, mientras la infación alcanzaría el 50%, de acuerdo con las previsiones. Frente a esa realidad, los proveedores de energía reclaman mayores alzas. Los expertos del sector estiman que, para adecuarlos a los costes actuales, las subidas deberían ser del 120%.

Discusiones internas

El aumento anticipado provoca fuertes discusiones dentro del Gobierno. En principio, los sectores que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se muestran reacios a autorizar elevados incrementos. Alegan que las empresas tuvieron importantes beneficios en los años anteriores.

Por lo pronto, el borrador presupuestario elaborado por el ministro Martín Guzmán contempla una reducción de los subsidios al consumo. El Estado destina una suma muy significativa, casi el 1,5% del PIB, a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Con esos recursos se cubren parte de los costes que los usuarios no pagan directamente en su factura. Este año los hogares pagan casi el 37% de los costes de generación de la energía. Guzmán ha propuesto que sea el 43%.

Guzmán aboga por segmentar el subsidio a las tarifas y que, en definitiva, paguen facturas más elevadas aquellos que pueden hacerlo. Ese "esquema tarifario más progresivo", como lo llaman en el ministerio de Economía, encuentra un obstáculo objetivo. Muchas veces los servicios no están a nombre de las personas que viven en casas y apartamentos. En 2011 el Gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner diseñó un programa de renuncia voluntaria a los subsidios, destinado especialmente a la clase media y alta: fue un fracaso rotundo.