Abimael Guzmán sigue siendo un problema político para Perú. La muerte del jefe del grupo terrorista Sendero Luminoso no ha agotado las controversias. El destino del cadáver ha generado nuevas turbulencias en un momento en el que persisten las sospechas sobre las antiguas relaciones de algunos integrantes del actual Gobierno de izquierdas con remanentes del senderismo. 

El cuerpo del hombre que se hacía llamar Presidente Gonzalo no ha sido reclamado por ningún familiar ni representante legal. La única persona que podría hacerlo, su esposa y ex número dos del grupo terrorista, Elena Iparraguirre, cumple cadena perpetua en prisión. De hecho, se casó con Guzmán en la cárcel de máxima seguridad. En este contexto, la fiscalía ha tomado cartas en el asunto tras declarar “en abandono” el cadáver del hombre que intentó en los años ochenta tomar el poder político con un coste enorme de muertos. La cantidad de víctimas fatales durante esa década atroz es de casi 70.000. El Estado ha sido corresponsable de esa ola de violencia, según las conclusiones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

A cuatro días del deceso, el ministerio público anunció a través del Instituto de Medicina Legal que dispondrá de los restos de Guzmán para su inmediata cremación. “El Ejecutivo respeta la independencia del ministerio público", dijo el premier Guido Bellido. "Lo que ha dicho nuestro presidente (Pedro Castillo), y que nosotros hemos reiterado, es que vamos a respaldar lo que determine", añadió. Bellido es uno de los dirigentes de Perú Libre que, según se ha denunciado, tuvo vínculos con el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), que reclamaba un beneficio de esa naturaleza para Guzmán.

Demora absurda

La suerte final de Guzmán tiene algo de comedia macabra. La orden de incineración está todavía en el aire por varias razones. Todavía no han concluido los exámenes para esclarecer las razones de su muerte, puestas en duda por parte la oposición parlamentaria. Pero, a la vez, aunque sea como formalidad, y para cumplir con el Manual de Procedimientos Tanatológicos Forenses, hay que preguntarle a la Facultad de Medicina si quiere quedarse con el cadáver. Se sabe de antemano que no lo quiere. Tampoco se contempla la posibilidad de enterrarlo en una fosa común.

No no existe, por otra parte, una norma que permita la incineración de cuerpos. Por lo tanto, debe ser el presidente Castillo a través de un decreto de urgencia o el Congreso, mediante una ley, los que permitan llevar a cabo este procedimiento. De acuerdo con el diario La República, el vacío legal no significa prohibición. El ministerio de Justicia podría invocar la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios para que se cremen los restos.

Temores políticos

Distintos sectores temen a su vez que si las cenizas se depositan un lugar específico se convierta en un santuario de senderistas. La Junta de Portavoces del Congreso señaló al respecto que no se pueden "generar espacios" para que el Movadef realice "actos de reivindicación". La legisladora oficialista Betsy Chávez presentará un proyecto de ley para incinerar los restos de las personas condenadas, a fin de que no se creen mausoleos o lugares de culto para sus seguidores. El magnate y ex candidato a presidente por la ultraderecha, Rafael López Aliaga, propuso arrojar las cenizas fuera de las 200 millas peruanas.

Las heridas de la violencia siguen a flor de piel en Perú. Durante muchos años las reclamaciones sociales fueron ignoradas bajo la acusación de que sus patrocinadores eran "terrucos" (simpatizantes del terrorismo). Castillo y su partido han sido blanco de ese calificativo durante la campaña electoral. El ministro de Exteriores de su Gobierno, Héctor Béjar, duró en su puesto apenas días. Su caída se tornó inevitable después de que Béjar, reconocido sociólogo que en los años sesenta formó parte de un fallido experimento guevarista, asegurara, sin pruebas concretas, que la CIA estuvo detrás de la formación de Sendero.

El tema es tan sensible como propenso al escándalo. El periodista César Hildebrant acaba de publicar en su portal, HIldebrandt en sus trece, que César Tito Rojas, dirigente del Movadef, "circula como Pedro por su casa por la presidencia del Consejo de Ministros" y, a su vez, "hay otros como él con acceso privilegiado al Gobierno".