Sin tregua, respiro o remisión. Un año después de sufrir una fallida tentativa asesinato por envenenamiento, el bloguero anticorrupción Alekséi Navalni y su círculo más próximo de partidarios acumulan sin cesar sentencias inculpatorias y aperturas de nuevos casos criminales, decisiones judiciales todas ellas que amenazan con incrementar las penas de prisión o libertad vigilada que cumplen en la actualidad y que limitan enormemente su capacidad para influir en el devenir político del país, una vez que la otrora poderosa Fundación de Lucha contra la Corrupción (FBK) ha sido tipificada como "organización extremista" e ilegalizada por la justicia. Con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina, y ante las escasas opciones disponibles, el disidente encarcelado ha demandado el voto para aquellos partidos de la denominada oposición sistémica, como los comunistas, capaces de derrotar a los candidatos de la formación progubernamental Rusia Unida.
El pasado miércoles, el todopoderoso Comité de Investigación acusó formalmente a Navalni de "crear una organización que viola los derechos e identidades de los ciudadanos" y les empuja a "cometer actos ilegales", un delito por el que podría ser castigado a tres años de cárcel, que deberían añadirse a los dos años y medio de prisión a los que fue condenado por violación de los términos de su libertad condicional. Dos de sus más cercanas ayudantes también han sido condenadas a penas que limitan sus movimientos: Kira Yarmish, la antigua portavoz de FBK, ha sido sentenciada a un año y medio de libertad vigilada, lo que implica la prohibición de abandonar la región de Moscú y de participar en actos públicos, por haber convocado manifestaciones durante la pandemia de coronavirus. Bajo las mismas acusaciones Liubov Sóbol, mano derecha de Navalni, fue condenada a idéntica pena a principios de agosto. Otros miembros del entorno inmediato de Navalni, como su hermano Oleg, Anastassya Vassilieva, al frente de un sindicato médico próximo a FBK, u Oleg Stepanov, excoordinador de su equipo en Moscú, también están incluidos en la misma causa judicial.
Resultado devastador
Todo ello está resultando devastador para la capacidad del movimiento de llevar a cabo activismo político, admite a EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, Tatiana Vorozheikina, profesora de la Universidad Libre de Moscú. Al volver a Rusia el pasado invierno desde Berlín tras recuperarse del envenenamiento, "Navalni hizo todo lo posible para desatar una crisis política, pagó un precio muy elevado pero perdió; su red de organizaciones políticas está derrotada y prohibida; la participación o apoyo a FBK está criminalizada; hay un sentimiento de derrota en la sociedad civil opositora", asegura la académica.
Pese a la represión, el activista "sigue siendo una figura política relevante", destaca Vorozheikina, e intenta jugar las bazas a su disposición en los mensajes que escribe desde la prisión a través de las redes sociales. Vetados los candidatos próximos a FBK de cara a las legislativas que deben celebrarse en septiembre, en uno de sus últimos 'posts', difundidos en Instagram, Navalni ha defendido el denominado "voto inteligente", es decir, apoyar a un candidato de la denominada oposición sistémica, presente en la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, que esté bien colocado para derrotar al aspirante de la formación oficialista, cuya popularidad se halla bajo mínimos. "Por vez primera tenemos una herramienta para derrotar al partido en el Gobierno en algunas circunscripciones", ha enfatizado Navalni. La experta Vorozheikina es escéptica respecto a las posibilidades de que la táctica surta efecto y logre victorias parciales en distritos urbanos de las grandes ciudades, donde se concentra el voto opositor. "Los partidos parlamentarios son filiales del poder, se habla mucho del Partido Comunista, aunque yo no lo percibo como un partido opositor", explica la analista. Sea como fuere, el régimen da muestras de nerviosismo incluso con esta fuerza política parlamentaria izquierdista, y comienza a darle el mismo trato que ha proporcionado durante años a la oposición liberal y extraparlamentaria. A finales de julio, la Comisión Electoral Central vetó como candidato por San Petersburgo al empresario Pável Grudinin, una de las figuras más prominentes en las filas comunistas, alegando que poseía propiedades en el extranjero. Y la policía ha comenzado a reprimir manifestaciones de protesta convocadas por el liderazgo comunista.
