Un tribunal militar israelí ha dado inicio este martes al juicio contra la española Juana Ruiz, acusada entre otros delitos de pertenecer a una organización ilegal por su trabajo para la ONG palestina Health Work Committees (HWC), aunque las vistas han quedado aplazadas hasta el 1 de septiembre.

Ruiz, que reside desde hace más de tres décadas en Cisjordania, fue detenida el 13 de abril por las fuerzas de seguridad israelíes y permanece en prisión provisional, acusada de un total de cinco cargos, tres en relación con su trabajo en HWC --ilegal a ojos de Israel--, así como de haber introducido dinero en los territorios palestinos y de haber recibido fondos con falsas pretensiones.

El juicio ha comenzado como estaba previsto, pero ha quedado aplazado hasta el 1 de septiembre, ha explicado la portavoz de la familia, Begoña Lalana, en declaraciones a Europa Press. La defensa planteó algunas cuestiones y solicitó acceso a nuevas pruebas, lo que abre un nuevo plazo para que se pronuncien todas las partes.

La Embajada española y el Consulado General en Jerusalén siguen "de cerca" el caso para prestarle asistencia consular a Ruiz, según fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press que recuerdan que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya trató el caso en su primer contacto telefónico con su homólogo israelí, Yair Lapid, el 22 de julio.

España ha pedido a las autoridades israelíes "que cumplan con sus obligaciones y garanticen el derecho de defensa de Juana Ruiz", han señalado estas fuentes.

Detenida desde el pasado 13 de abril, Ruiz Sánchez trabajaba como coordinadora de proyectos en la ONG palestina Comités de Trabajo para la Salud, y hasta mayo no fue acusada formalmente por la Justicia militar. Está siendo juzgada por cinco cargos, entre ellos, "pertenencia a una organización ilegal", "participación en actividades de una organización ilegal" y "formar parte de la junta directiva de una organización ilegal".

Israel considera que la entidad donde está empleada desviaba fondos a la actividad del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), al que considera terrorista, al igual que la UE o Estados Unidos. El Ministerio de Exteriores israelí denunció que el FPLP estaría operando una red de organizaciones humanitarias en Cisjordania, entre las que destacó a los Comités de Trabajo para la Salud, cuya directora, Satha Odeh, también fue detenida en julio.

Estas ONG desviarían fondos que países europeos donan como cooperación internacional a través de un mecanismo de fraude, falsificación y tergiversación de documentos.