La definitiva cita con las urnas de este domingo en Perú enfrenta a los dos candidatos que más pasiones y aversiones levantan en una ya de por sí polarizada y fragmentada sociedad peruana, Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Dos tendencias radicalmente opuestas se disputan la segunda vuelta de las elecciones generales, con las que se intenta poner punto y aparte a una de las historias recientes de mayor inestabilidad política de la región.

Castillo, de Perú Libre, y Fujimori, de Fuerza Popular, fueron las dos opciones más votadas de una primera vuelta marcada por los agitados antecedentes que ha estado viviendo Perú en los últimos cuatro años, con cuatro presidentes y los seis últimos procesados por corrupción.

El pasado mes de abril, un casi desconocido Castillo fue la candidatura más votada entre la casi veintena de aspirantes a domar la inestabilidad que en los últimos años ha representado Casa Pizarro, seguido de Fujimori, un clásico de la política peruana reciente, quien se enfrenta a su tercer intento de ser presidenta.

Sin embargo, la novedad no está tanto en las preferencias de los electores peruanos como en el rechazo que ambos generan. Si bien un 33 por ciento, según las últimas encuestas, no votarían por Castillo, un 55 por ciento no lo haría por Fujimori. La intención de voto sigue siendo ligeramente superior para el líder de Perú Libre, con el 51 por ciento, muy seguido de su competidora, que con un 48,9 por ciento ha recortado distancias en los últimos dos meses.

Entre los cinco candidatos más votados en la primera ocasión, ninguno superó el 20 por ciento de los votos. Entre Castillo -18,9- y Fujimori -13,4- cuentan con un tercio de los apoyos, por lo que para más de la mitad de los peruanos ninguno cuenta con legitimidad para ostentar el cargo.

Reseñable es también la cifra de peruanos que se abstuvieron o bien votaron en blanco, más de 3,2 millones, un 18,6 por ciento. En la cita de este domingo la cifra podría ser mayor, dependiendo de si los insatisfechos apuntan en mayor medida hacia uno u otro candidato, o contra los dos. En abril ya hubo una participación del 70 por ciento, unos 17,7 millones de electores, una caída del 11,8 por ciento con respecto a la cita de 2016.

Está por ver hacia qué lado se inclinará el voto del extranjero.

En un Congreso ingobernable durante las últimas dos décadas, fruto tanto del sistema unicameral del régimen presidencialista peruano como de la fraccionada clase política del país, ni Castillo ni Fujimori obtendrán suficiente fuerza como para sacar adelante medidas de peso.

Las alianzas, como viene sucediendo desde el año 2000, serán previsiblemente circunstanciales y frágiles, dos características que años atrás han propiciado no pocos escándalos y acuerdos bajo la mesa para lograr los apoyos de alguna bancada.

Sin olvidar la figura jurídica de la vacancia, herramienta recurrente desde 2016, debido a la facilidad con la que puede solicitarse, pues sólo se necesita el apoyo del 20 por ciento de los parlamentarios. Con el 40 por ciento, 52 diputados, esta propuesta de moción de censura se admite a trámite, y se aprueba con el visto bueno de 87 de los 130 que conforman el pleno, el 66 por ciento.

La sorpresa de Castillo

Pedro Castillo, profesor de primaria de 51 años y oriundo de Cajamarca, una de las regiones más rurales de Perú, fue el inesperado vencedor en la primera vuelta de las elecciones bajo las siglas de Perú Libre, partido que se declara sin tapujos como marxista-leninista-mariateguista, en referencia esto último al fundador del Partido Socialista peruano, José Carlos Mariátegui.

La candidatura de Castillo, que se coló como una de las favoritas a pocas semanas de que se celebraran las elecciones, ha conseguido, según los analistas, reunir el voto de las clases populares y de las regiones rurales, en especial de aquellas del interior, tradicionalmente olvidadas por el centralismo de Lima, aunque ya contaba con el apoyo de algunas fuerzas sociales y sindicatos.

Aunque en materia económica y en relación al rol que tiene que desempeñar el Estado es totalmente opuesto a las ideas neoliberales de Fujimori, en materia de algunos derechos sociales, como el matrimonio homosexual o el aborto, es difícil encontrar diferencias entre ambos, una losa de la que todavía no han sabido librarse algunas fuerzas progresistas en América Latina.

Entre sus propuestas figuran una nueva Constitución, mayores presupuestos para la agricultura y las políticas verdes, un incremento del 3,5 del PIB actual al 10 por ciento para educación y una mayor participación del Estado en asuntos de materia energética, ahora en manos de grandes empresas extranjeras.

Fujimori, una vieja conocida

El caso de Keiko Fujimori, de 45 años, es bien distinto, pues la líder de Fuerza Popular proviene de una de las familias con más influencia de la clase política peruana en los últimos 20 años. Hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), en prisión por delitos de lesa humanidad, ya ha avanzado que en caso de salir ganadora tiene previsto otorgar el indulto a su padre.

En ese caso, ella también recibiría la inmunidad que le otorga ostentar dicho cargo, por lo que se libraría por el momento de la causa -por la cual pasó unos meses en prisión preventiva- que arrastra por lavado de dinero y asociación para delinquir, por la supuesta financiación irregular de su campaña de 2011 y de 2106 por parte de la constructora Odebrecht.

Fujimori, quien ha pasado por la cárcel en hasta en tres ocasiones desde 2018 y se encuentra actualmente bajo fianza, es la tercera vez que se postula, y si lo logra sería la primera mujer en conseguirlo, además de ser la única que actualmente presidiría un país en la región. En las dos ocasiones anteriores, se quedó a las puertas de Casa Pizarro.

Durante su campaña, Fujimori propuso aplicar una "demodura" para luchar contra la inseguridad ciudadana y agregó que "mano dura no es dictadura", sino "una democracia firme para tomar las decisiones necesarias para volver a rescatar al país". Conservadora en lo moral y ultraliberal en lo económico, ha defendido una verdadera economía de mercado y mantener la actual Constitución.