Una espectacular operación contra los autores de los disturbios del pasado noviembre en París genera una gran polémica

Cerca de un millar de agentes de diversos servicios -incluidos del cuerpo de elite RAID- intervinieron en la redada contra los supuestos participantes en los graves altercados de noviembre, en los que 119 policías resultaron heridos, varios de ellos por arma de fuego y cinco de gravedad.

Según la Fiscalía, un total de 35 personas de las 39 buscadas por los disturbios están bajo custodia, incluidos dos sospechosos que ya estaban encarcelados por otros asuntos.

La operación, que comenzó a las 06.00 hora local se llevó a cabo en varias localidades del departamento de Seine Saint Denis, al norte de la capital, y en particular en Villiers-le-Bel, donde estalló la ola de violencia tras la muerte de dos adolescentes, cuya moto colisionó con un coche de policía.

Grupos de antidisturbios entraban en los edificios armados con instrumental para echar abajo puertas y otros colegas esperaban a la entrada, mientras numerosos periodistas, cuyos medios habían sido advertidos días antes, contemplaban la actuación en el exterior.

La fiscal de Pontoise, Marie-Thérèse de Givry, justificó la magnitud del despliegue policial e insistió en la idea de que los medios utilizados "estaban a la altura de los hechos criminales extremadamente importantes" que habían ocurrido en Villiers-le-Bel.

En ese sentido, consideró que era necesaria la presencia de tantos agentes "teniendo en cuenta el número de detenciones, la necesidad de arrestarlos a todos juntos".

Dijo que ninguno ha sido puesto en libertad y que casi todos tenían más de 20 años, y sólo tres eran menores de edad.

Entre los detenidos está un hermano de uno de los dos adolescentes muertos en el accidente con el coche patrulla.

La operación de hoy, dirigida por la Dirección Central de la Seguridad Pública y la Dirección Regional de la Policía Judicial, se llevó a cabo bajo la dirección de tres jueces que instruyen los procedimientos por tentativa de homicidio de agentes y por incendios voluntarios.

La ministra del Interior, la conservadora Michèle Alliot-Marie, trató de cortar las críticas al subrayar que se trató de "una muy buena operación, con mucho éxito, efectuada con tranquilidad", aunque dijo lamentar que hubiera habido fugas que hubieran conducido a una "mediatización importante".

El alcalde de Villiers-le-Bel, el socialista Didier Vaillant, se manifestó sospechosamente extrañado de que la prensa estuviera advertida por adelantado, mientras que él mismo fue prevenido cuando el dispositivo se ponía en marcha sobre el terreno.

La ex candidata socialista al Elíseo Segolène Royal fue más clara en sus acusaciones de un montaje de uso político: "todo el mundo está en su derecho de sorprenderse de que las cámaras de televisión hubieran sido convocadas en plena campaña electoral para las Municipales" de marzo.

"El presidente de la República vuelve al viejo reflejo de las política espectáculo sobre la seguridad porque como fracasa en el terreno económico y social, quiere hacer creer que sigue controlando las cosas en la cuestión de la seguridad, cuando tampoco es así", indicó Royal, antes de manifestar su esperanza de que "los franceses van a sancionar con su voto este tipo de manipulación".

Alliot-Marie respondió a Royal que acabe con la "hipocresía" de sus acusaciones: "teníamos que detener a personas que habían cometido actos graves, así que dejemos de crear polémica sobre lo que se ha sabido; lo importante es que se ha hecho".

También en un tono crítico, el líder centrista François Bayrou, consideró pertinente la acción contra los responsables de los disturbios, aunque también cargó contra la mediatización en directo del excepcional dispositivo policial.

"Siempre he considerado que la justicia no se debía acompañar de una escenificación. La justicia está para conseguir arrestos y no para hacer comunicación", comentó Bayrou.

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, había advertido de que se haría todo lo posible para encontrar a los autores de los disparos contra los agentes en los disturbios, y lo consideró "una prioridad absoluta".