Guatemala vuelve a implantar la pena de muerte "para frenar la violencia"

La Ley Reguladora de la Conmutación de la Pena para los Condenados a Muerte fue promovida por el opositor derechista Partido Patriota (PP), con el objetivo de reducir los altos niveles de violencia que, según datos oficiales, a diario se cobra la vida de 16 personas.

Esas cifras, así como los cerca de 2.386 millones de dólares que cada año le cuestan a Guatemala los hechos de violencia, como mantiene un estudio publicado en 2006 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hacen de este país el tercero más violento de América Latina, superado solo por Venezuela y El Salvador.

La pena de muerte fue retomada el pasado lunes por el general retirado Otto Pérez Molina, ex candidato presidencial del PP, quien la citó como "la única medida para disuadir a los delincuentes".

Sus declaraciones surgieron tras el aumento registrado en los últimos días de asesinatos de conductores de autobuses y transportes públicos, asaltos y extorsiones, por supuestos pandilleros juveniles.

Estos hechos, que el Gobierno ha atribuido a grupos del crimen organizado que pretenden "generar ingobernabilidad", obligaron a las autoridades a incrementar los operativos contra la delincuencia en la capital guatemalteca y sus alrededores.

Desde el pasado fin de semana, unos 2.800 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), apoyados por 3.000 soldados y 50 policías de caminos patrullan todas las carreteras para evitar más hechos de violencia contra el transporte.

En lo que va del mes, al menos once chóferes fueron asesinados, decenas han renunciado a continuar trabajando y el servicio de transporte público fue suspendido en varias zonas de la ciudad.

Como resultado de los operativos realizados por las fuerzas de seguridad, más de 350 supuestos delincuentes fueron capturados, pero los tribunales los han liberado horas después, por falta de evidencias en su contra.

La diputada del PP Roxanna Baldetti declaró a la prensa, tras la aprobación de la nueva ley, que la pena de muerte "es necesaria para castigar a los delincuentes que cometen delitos contra la sociedad", y que actúan con impunidad debido a la debilidad del sistema de justicia del país.

Con esta ley, señaló Baldetti "le estamos dando un instrumento disuasorio al Gobierno para que estos criminales sepan de una vez por todas que la ley se va a aplicar como corresponde".

La ley restituye al presidente del país la facultad de conceder o rechazar las peticiones de "gracia" presentadas en última instancia por los reos condenados a la pena capital, suspendida desde mediados de 2002.

La Corte de Constitucionalidad -máximo tribunal de este país-, a solicitud del entonces presidente, Alfonso Portillo, atendió una demanda de inconstitucionalidad contra la aplicación de la máxima pena, porque la ley que la contempla, que data de 1892, no precisaba qué autoridad debía conocer los recursos de gracia.

En ese fallo, la Corte ordenó al Parlamento enmendar la ley y precisar, por medio de una normativa penal, qué autoridad debía tener la última palabra al respecto.

Los 34 reos condenados a muerte en la actualidad -en su mayoría por delitos de asesinato, secuestro y violación sexual- tendrán un plazo de 30 días, a partir de que la ley cobre vigencia, tras su publicación, para solicitar "la gracia presidencial".

El secretario de Comunicación de la Presidencia, Ronaldo Robles, dijo a Efe que "cuando se presenten las solicitudes de indulto, el presidente (Álvaro Colom), las examinará y si se determina que debe aplicarse la pena de muerte, tendrá que aplicarse tal y como lo establece la ley".

Colom, que declaró su oposición a la pena durante la campaña electoral que lo llevó al poder, el pasado 14 de enero, "es respetuoso de la Ley y asumirá su responsabilidad tal como se establece" en la norma, agregó Robles.

Los últimos reos a quienes se les aplicó la pena capital en Guatemala fueron Amílcar Cetino y Tomás Cerrate, en junio de 2000, condenados por los delitos de asesinato y secuestro de una empresaria.

Guatemala, Cuba y Estados Unidos son los únicos países del continente americano que contemplan la pena de muerte como máxima condena penal.