La donación benéfica de los organizadores de la fiesta del eclipse coincide con su beneficio previsto

Los organizadores de la fiesta celebrada en la playa de s’Arenal el día del eclipse han donado un total de 10.475 euros a 'Creatives for the planet', una oenegé cuyo objetivo principal es la protección de la naturaleza. Esta cantidad es apenas 25 euros menos que los beneficios previstos por los promotores en el proyecto económico que trasladaron al Ayuntamiento de Sant Antoni.

Unos días después de que el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, anunciara en el pleno municipal que “una asociación local” sería la destinataria de los fondos benéficos procedentes del Feel Like Festival, ya se han incorporado al expediente municipal del evento dos certificados de donación para 'Creatives for the planet' por valor de 9.375 y 1.100 euros, respectivamente.

La suma total de ambas cantidades se queda muy cerca de los 10.500 euros que The Soul Community, la empresa promotora de la fiesta celebrada el 12 de agosto, fijó en su previsión de beneficios, tal y como desveló la concejala socialista Cristina María Ribas durante el mencionado pleno municipal de la pasada semana.

En los certificados de las donaciones no se precisa a que irá destinado el dinero, mencionando simplemente que se incorporarán a los presupuestos anuales aprobados por la junta directiva de 'Creatives for the planet' para “la realización de los fines fundacionales” de la organización, que tiene su base en la localidad barcelonesa de Santa Coloma de Gramanet y una delegación en Sant Josep. El año pasado retiró 3.423 kilos de residuos en distintas playas de Ibiza, según figura en su memoria anual de actividades,

La resolución ignorada de Costas

Más allá de la incorporación de documentos al expediente municipal, donde la fiesta del eclipse continúa su camino burocrático, el Consistorio sigue sin responder a otras incógnitas que sigue despertando el evento. La nota de prensa posterior al pleno municipal, donde no se hacía ni una sola mención a los encendidos debates con la oposición con motivo del festival en la playa y de la fiesta egipcia celebrada en la cantera de sa Pedrera, ya dejaban entrever que la postura pasa por guardar silencio.

El pasado sábado, este periódico desveló que Sant Antoni autorizó la fiesta del eclipse consciente de que era ilegal. La autorización expedida por la Demarcación de Costas advertía claramente que estaba condicionada a "garantizar, en todo caso, el acceso libre y gratuito a todo el dominio público, incluido la zona en la cual se desarrollará el acontecimiento municipal".

Sin embargo, esto no frenó a los promotores del evento, que siguieron adelante con los preparativos y continuaron vendiendo entradas, a pesar de que sabían que nunca tendrían permiso salvo que dejaran que los asistentes entraran gratis al recinto, lo que evidentemente mermaría mucho los beneficios, ya que solo quedarían los ingresos por consumo de bebidas. El aforo máximo permitido del festival se fijó en 5.000 asistentes, por lo que los ingresos estimados por este concepto podrían superar los 200.000 euros.

Por ello, la celebración de la fiesta puede tener consecuencias para sus organizadores y, en caso de que Costas decida actuar, la horquilla de posibles castigos estipulados en la Ley de Costas es enorme: desde una sanción de apenas 200 euros hasta multas que pueden alcanzar los 300.000 euros, dependiendo de cómo califique finalmente la Administración lo sucedido.

Posibles sanciones

La primera posibilidad es, paradójicamente, la menos gravosa. El artículo 91 de la Ley de Costas considera una infracción leve «el incumplimiento de las condiciones de los correspondientes títulos administrativos». Y el artículo 97 fija para estos casos una sanción concreta: 200 euros por cada condición incumplida. Por tanto, si la Administración interpreta que la única infracción consistió en cobrar por entrar en la zona del festival cuando la autorización obligaba a permitir el acceso gratuito, la sanción podría quedarse en esa pequeña cantidad.

El escenario cambia considerablemente si la Administración entiende que no se produjo simplemente un incumplimiento administrativo, sino que se convirtió una parte de la playa pública en un recinto privado al que únicamente podían acceder quienes habían pagado una entrada. La Ley de Costas es tajante en este punto. Su artículo 33 determina que «las playas no serán de uso privado» y añade que las instalaciones que se permitan en ellas deben ser de libre acceso público, salvo que exista una autorización expresa y justificada que establezca otra modalidad. En este caso ocurrió precisamente lo contrario: la autorización exigía específicamente que la entrada fuera gratuita.

La utilización del dominio público marítimo-terrestre para usos no permitidos por la Ley está considerada infracción grave en el artículo 90.2.i. Para estos casos la sanción puede alcanzar los 300.000 euros. La cifra concreta, no obstante, no se fija automáticamente en esa cuantía. La Ley establece que, para usos no permitidos que no tengan otra sanción específica, debe tomarse como referencia «el beneficio estimado que obtenga el infractor», con un mínimo de 150 euros.

También existe otra posible infracción grave si se demuestra que las vallas y el dispositivo del festival no se limitaron a delimitar el recinto, sino que interrumpieron un acceso público al mar o la servidumbre de tránsito. La Ley de Costas castiga específicamente esta conducta con multas de entre 1.000 y 5.000 euros por cada día que permanezca interrumpido el acceso o el tránsito.

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