La Alianza por el Agua urge a los ayuntamientos a finalizar las ordenanzas para evitar el despilfarro de los recursos hídricos

La Alianza por el Agua insta a los ayuntamientos de Ibiza, Sant Antoni y Sant Joan a que aprueben de una vez las ordenanzas para una gestión sostenible de los recursos hídricos, evitando su despilfarro para finalidades decorativas y fijando a qué usos puede destinarse en función del nivel de los acuíferos. En estos momentos, la Administración no cuenta con un sistema que permita conocer a quién y para qué se destina el agua del subsuelo que venden las empresas distribuidoras con camiones cisterna, según indicó la conselleria del Mar y del Agua del Govern balear.

El portavoz de la Alianza por el Agua, Rafa Tur, recuerda que, de haber cumplido ya con los deberes, Sant Antoni hubiera sorteado la polémica por el lago artificial en la fiesta privada egipcia en sa Pedrera del pasado 13 de agosto. "Esto ha sido el resultado de un municipio donde no existe una ordenanza del agua", subraya. No obstante, el Ayuntamiento tenía la opción de no haber autorizado la celebración del cumpleaños de Mimi Van Wyck en los terrenos municipales de sa Pedrera (que es suelo rústico). El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, alega que el Ayuntamiento no sabía que la escenografía incluía un lago artificial, pero Diario de Ibiza lo publicó varias veces desde cuatro días antes de la fiesta. Además, el PSOE ha revelado que en el expediente que le ha facilitado el Consistorio hay hasta diez planos en los que aparece marcada con la palabra 'water' la zona en la que se iba a instalar el lago.

El Ayuntamiento de esta localidad se encuentra con que no dispone de una normativa que le permita fijar a qué usos se puede destinar el agua potable, más aún en épocas de carestía. "Se habla mucho de sostenibilidad o se llenan la boca con gestos como cerrar las duchas de las playas, que suponen un consumo mucho menor", incide Tur.

De hecho, Sant Antoni ha condenado que en la fiesta de sa Pedrera se empleara una gran cantidad de agua para rellenar un lago artificial, "pero se encuentran con que no pueden sancionarlo por carecer de la ordenanza". De hecho, tras la polémica, el propio alcalde, Marcos Serra, admitió que el Ayuntamiento lleva tiempo trabajando en esta normativa y que espera aprobarla a final de año.

Compromiso municipal

Sant Josep fue el municipio pionero en 2016 a la hora de impulsar una ordenanza para preservar sus recursos hídricos, un ejemplo que fue seguido por Santa Eulària en 2024 con otra iniciativa más avanzada. Ese mismo año, los tres ayuntamientos restantes de la isla dieron los primeros pasos para redactar su propia normativa de gestión sostenible y encargaron el borrador a la propia Alianza por el Agua, pero ninguna de estas últimas administraciones locales la ha aprobado por el momento.

Vila es el único Consistorio que asegura que tiene su ordenanza redactada, pero el visto bueno para su aplicación está pendiente de que se apruebe definitivamente la nueva contrata del agua. "Si las administraciones no ponen en marcha estas normativas, es porque no tienen intención de aplicarlas después", sentencia Tur.

En cambio, Santa Eulària puede interponer sanciones económicas por valor de 750 euros en caso de infracciones leves, como regar a plena luz del día; de 751 a 1.500 euros para las graves, y de 1.501 a 3.000 euros para las muy graves. Entre estas últimas figura el incumplimiento de las obligaciones sobre llenado y vaciado de piscinas.

Además, ante una infracción grave o muy grave, Santa Eulària puede llegar a suspender provisionalmente el suministro de agua para jardines y piscinas.

Sensores digitales para los pozos

Igualmente, la Alianza por el Agua también urge al Govern balear a desarrollar la instalación de sensores digitales en los pozos de extracción. "En estos momentos no existe ninguna medida de control a la hora de extraer el agua ni de los usos a los que se destina, sino que se hacen unas estimaciones", lamenta el portavoz de la entidad.

Como ejemplo, si una finca agrícola recibió hace 30 años una concesión que le permitiera regar sus cultivos, "ahora puede seguir extrayendo el agua aunque se haya convertido en una urbanización". "Igual tienen permiso para extraer 500 toneladas anuales, pero sacan miles y no hay ninguna manera de que nadie se entere", asegura.

La conselleria del Mar y del Ciclo del Agua indicó que en estos momentos carece de un sistema para controlar a qué usos se destina el agua potable que se vende a través de camiones cisterna. Respecto a los niveles de extracción, la dirección general de Recursos Hídricos está desarrollando dos proyectos de digitalización que prevén instalar contadores en todos los grandes consumidores y, en una primera fase, en el 10% de los pozos particulares.

Camiones cisterna nocturnos

Por su parte, el Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB) comparte la impresión de la Alianza por el Agua ante una falta de control sobre las extracciones y usos del agua potable. En este sentido, el presidente de la entidad ecologista, Joan Carles Palerm, lanza un aviso sobre una modalidad de distribución con la que se han topado este verano y que le genera desconfianza: camiones cisterna que cargan agua de madrugada.

"No sé si realmente es un problema o no, pero resulta sospechoso encontrarte con estos camiones repartiendo agua a las tres o cuatro de la madrugada. Da la sensación de que igual aprovechan para cargar en pozos no autorizados a esas horas", se teme.

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