Absuelven al exdueño de la discoteca de Ibiza Privilege, acusado de intentar engañar a Matutes

No hace tanto que la discoteca Privilege era el club nocturno más grande del planeta, con una capacidad para recibir a alrededor de diez mil personas cada noche. La discoteca ya no existe, pues tuvo que cerrar hace ahora cinco años tras la pandemia sanitaria, pero el conflicto entre los socios todavía continúa muy activo.

La antigua discoteca Ku, que después se convirtió en Privilege tras ser comprada en una subasta, fue durante años dirigida por el empresario vasco José María Echániz, que la adquirió a principios del año 2000 por alrededor de unos 200 millones de euros. Su empresa contaba con el 55% de las acciones, mientras que el resto de la propiedad estaba en manos del empresario ibicenco y exministro, Abel Matutes.

Relación nefasta

Históricamente, la relación entre ambos socios fue nefasta, casi desde el principio de esta relación comercial, y este conflicto se ha trasladado en más de una ocasión a los tribunales, de diferentes jurisdicciones.

El último pronunciamiento lo ha realizado un tribunal de la Audiencia de Madrid, que ha dictado sentencia a raíz de una querella presentada por Abel Matutes contra Echániz. Le acusó de un delito societario por imposición de acuerdos abusivos, solicitando contra el empresario vasco una condena de cuatro años de prisión. Sin embargo, esta acusación ha sido rechazada y el tribunal ha dictado una sentencia absolutoria. A pesar de ello, los jueces han puesto en duda la gestión empresarial sobre Privilege que llevó a cabo Echániz, aunque estas sospechas son insuficientes para apoyar una sentencia condenatoria.

La famosa discoteca de Ibiza, que fue el escenario donde se grabó el dúo que protagonizaron Freddie Mercury y Montserrat Caballé en 1992, ya no existe, y la sociedad propietaria ha cambiado de manos. Tras años de conflicto, finalmente Abel Matutes compró las acciones a su socio. La discoteca fue derribada y construida de nuevo. Ahora se denomina UNVRS.

Cambios societarios

Matutes administra este centro de ocio a través de la sociedad Bahía de San Antonio, que adquirió hace pocos años el resto de las acciones de la propiedad que estaban en manos de la sociedad Baltanxa, que pertenece al empresario vasco. El precio de la compra de todas las acciones fue de unos 20 millones de euros. El proyecto para volver a reabrir un nuevo centro de diversión ha superado los 40 millones.

Echániz no es la primera vez que afronta un juicio penal por sus decisiones como empresario. De hecho, ya fue condenado e inhabilitado por un delito de obstrucción al ejercicio del derecho de información de los accionistas, tras una denuncia presentada por Matutes.

Anterior intento de engaño

Esta sentencia le impidió ejercer el cargo de administrador de la sociedad que explotaba la conocida discoteca durante el periodo entre 2013 a 2018. Antes de este periodo, el empresario ya intentó engañar a su socio. Alquiló la discoteca a otra sociedad, dirigida por su hijo, a cambio de la ridícula renta de 150 mil euros anuales.

Esta maniobra justificó que un juez de Palma le condenara a indemnizar a la empresa de Abel Matutes con 3,7 millones por los daños económicos sufridos, si bien a fecha de hoy todavía no los ha pagado.

El último conflicto judicial que ha resuelto el tribunal se sitúa en el año 2019 en una junta general de la empresa. Echániz pretendía que, además de las acciones, su socio le abonara los bienes que se habían acumulado en la discoteca, como por ejemplo los equipos de música o de luz.

Y presentó a la junta dos informes de valoración, que indicaban cantidades distintas. El empresario vasco aprobó que el valor de los bienes era de seis millones de euros, que teóricamente debía cobrar de Matutes para hacerse con el control definitivo de Privilege.

Sin embargo, el empresario ibicenco no solo se opuso a este pago, sino que consideraba que se le estaba engañando, puesto que se le pretendían cobrar bienes que ni siquiera eran de la sociedad que había explotado hasta ese momento la discoteca de Ibiza. Y denunció que este acuerdo de la junta se aprobó con el voto del propio Echániz, pese a que la decisión solo le beneficiaba a él.

De la lectura de la sentencia se evidencia que al tribunal no le ha gustado todas estas maniobras que encabezó el empresario vasco para gestionar Privilege.

Sin embargo, recuerdan los jueces que para sustentar una condena por un delito societario es necesario concretar la cantidad económica exacta que alcanza el perjuicio sufrido por uno de los socios de la empresa. Y en este caso los jueces lo desconocen este dato. En el proceso se han aportado dos informes periciales sobre el valor de los bienes y ambos fijan cantidades económicas diferentes.

Echániz acusó a Matutes ante el tribunal afirmando que siempre había perjudicado a Privilege porque su empresa es propietaria de otras dos discotecas en Ibiza. Esta afirmación fue desmentida por el representante de la empresa que finalmente adquirió la discoteca.

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