Sant Josep multa a los propietarios de chalés donde se han detectado fiestas ilegales

El Ayuntamiento de Sant Josep no se va a limitar a sancionar a los organizadores de fiestas sin autorización y con actividad lucrativa en chalés del municipio. Los primeros expedientes sancionadores abiertos en 2023 con las inspecciones de detectives privados, que ahora concluyen su tramitación, incluyen también el pago solidario de las multas por parte de los propietarios, una posibilidad que introdujo el Govern balear en 2022 a través de un decreto ley.

Sant Josep anunciaba ayer, en un comunicado, la aprobación definitiva de cinco expedientes sancionadores por la celebración de estos eventos clandestinos, después de que se hayan desestimado todas las alegaciones presentadas por los infractores. En total, de cobrarse la totalidad de las multas, las arcas municipales ingresarían 800.000 euros.

Tres de estos expedientes sancionadores pueden consultarse abiertamente en las actas de la Junta de Gobierno Local de Sant Josep, disponibles en su propia web. Allí se detalla que estas irregularidades pudieron comprobarse a través de los detectives infiltrados y contratados por el Consell en 2023. Así se logró denunciar a dos de los organizadores de fiestas en villas más activos en aquel momento, que empleaban la marca Touché en sus convocatorias por las redes sociales.

Estos promotores organizaron fiestas durante varios días consecutivos en un chalé alquilado en las cercanías de sa Talaia. Los detectives infiltrados pagaron la entrada y asistieron a dos de ellas, celebradas el 10 y el 11 de octubre de 2023. Los informes confirman que se trataba de dos eventos multitudinarios, con venta de bebidas alcohólicas y servicio de transporte.

Por cada una de estas dos fiestas se abrieron sendos expedientes sancionadores por infracción de la Ley 7/2013, que regula las actividades económicas. La normativa prevé multas de hasta 300.000 euros por estos hechos, pero cada una de ellas se ha fijado en 100.000 euros. Además de a los dos organizadores, se atribuye la responsabilidad solidaria al empresario que les arrendó la vivienda, que deberá abonar su parte proporcional de los 200.000 euros.

Este diario contactó ayer con este propietario, que mostró su estupefacción por tener que pagar por unas fiestas de las que "no sabía nada" cuando se estaban celebrando. "Se interesaron por la casa y se la alquilé por pocos días, no recuerdo si fueron tres o cuatro. No los conocía de nada", subraya.

Este afectado asegura que se firmó un contrato, aunque admite que la vivienda no contaba con el preceptivo registro de estancia vacacional. No obstante, el expediente que se le abrió no obedece a un alquiler irregular, sino a una corresponsabilidad por organizar fiestas ilegales. "Esta multa es una barbaridad, yo no tengo nada que ver con ello", se resigna.

Desde entonces, sus propiedades están en regla y se dedica al alquiler vacacional. "Ahora nos aseguramos y hacemos firmar unos contratos específicos sobre el cumplimiento de la normativa de ruidos, que solo permite música hasta las once de la noche, y para prohibir que se organicen fiestas ilegales", apunta.

Otros expedientes

Otro de los expedientes sancionadores obliga al pago de 200.000 euros a la propietaria de una finca en es Cubells donde se celebró una fiesta el 4 de julio de 2024, detectada por la Policía Local, también con venta de bebidas y graves molestias vecinales. Esta mujer alegó que tenía un acuerdo verbal con un DJ para alquilarle la casa y que un conocido de este fue quien organizó el evento. En este caso, toda la multa ha recaído sobre esta propietaria, ya que no se ha localizado a la persona que montó la fiesta.

En este caso, la resolución del expediente deja claro que la existencia de redes que organicen fiestas ilegales no exime de responsabilidad al propietario y que este debe extremar las precauciones mediante contratos y garantías documentales.

Los otros dos expedientes ratificados ayer por Sant Josep no se encuentran disponibles en su web y el Ayuntamiento rehusó aportar más detalles al respecto. Según el comunicado emitido ayer, uno de ellos también implica una sanción de 300.000 euros y el otro, una de 100.000, en ambos casos por fiestas multitudinarias no autorizadas con afán lucrativo.

En este comunicado, el alcalde, Vicent Roig, lamenta la lentitud que suponen todos estos plazos de tramitación y que estos procedimientos "se prolonguen excesivamente", algunos de ellos durante más de dos años hasta que se llega a una resolución firme.

"Las viviendas no son discotecas ni recintos de fiestas", avisa Sant Josep en su nota.

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