“Las viviendas no son discotecas”: Sant Josep sanciona con 800.000 euros varias fiestas ilegales

El Ayuntamiento de Sant Josep ha ratificado definitivamente, mediante los correspondientes acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno Local, sanciones administrativas por un importe global de 800.000 euros por la organización, comercialización y celebración de fiestas ilegales en suelo residencial y rústico del municipio.

Las sanciones derivan de las inspecciones realizadas por el servicio de detectives privados contratado por el Consell de Ibiza, así como del trabajo de la Policía Local de Sant Josep y de los servicios técnicos y jurídicos municipales. Según explica el Ayuntamiento, la actuación es resultado de la cooperación entre ambas instituciones y las investigaciones de los detectives han constituido elementos probatorios clave en los expedientes.

El consistorio sostiene que estas inspecciones, junto con el despliegue de la Policía Local y la instrucción desarrollada por los servicios municipales, han permitido actuar frente a los intentos de los infractores de eludir la legalidad vigente.

"Las viviendas no son discotecas ni recintos de fiestas. Queremos poner en valor el trabajo incansable y la máxima profesionalidad de los funcionarios de este Ayuntamiento y de los agentes de la Policía Local, así como la alianza estratégica con el Consell de Ibiza. Gracias al trabajo de los detectives y a los atestados policiales hemos conseguido armar expedientes jurídicamente muy sólidos. Sin embargo, es frustrante comprobar cómo la burocracia administrativa alarga durante casi dos años procesos que deberían resolverse con mucha más celeridad para proteger de manera efectiva a nuestros vecinos y nuestro entorno", ha señalado el alcalde, Vicente Roig.

Cinco expedientes sancionadores por un importe de 800.000 euros

Las resoluciones corresponden a cinco expedientes sancionadores y se enmarcan en la infracción muy grave prevista en el artículo 104.r de la Ley 7/2013, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears. La normativa autonómica establece también un régimen de responsabilidad solidaria que puede atribuir responsabilidad económica tanto a los promotores y comercializadores de los eventos clandestinos como a los titulares de los inmuebles que los alquilan o ceden con esta finalidad.

Dos de los expedientes corresponden a reincidencia en una vivienda residencial. La Junta de Gobierno Local ha confirmado dos sanciones de 100.000 euros cada una, 200.000 euros en total, después de desestimar los recursos planteados contra las resoluciones por la celebración reiterada de eventos multitudinarios clandestinos sin licencia.

Otro expediente afecta a una actividad clandestina desarrollada en un inmueble en régimen mercantil. En este caso, se ha confirmado una multa de 100.000 euros a la entidad titular del inmueble por albergar eventos multitudinarios con ánimo de lucro sin autorización.

Un cuarto expediente corresponde a la comercialización ilegal en una finca rústica y ha supuesto la imposición de una sanción de 300.000 euros, en su grado máximo, por la organización y venta clandestina de entradas y consumiciones en un evento multitudinario detectado a raíz de las investigaciones de los detectives privados y de la Policía Local.

El quinto expediente sanciona con 200.000 euros a los arrendatarios de una vivienda por la celebración de un evento multitudinario con venta de bebidas y graves molestias acústicas constatadas por los agentes de la Policía Local.

El Ayuntamiento ha expresado, no obstante, su preocupación por los plazos de tramitación de los expedientes sancionadores y lamenta que estos procedimientos se prolonguen excesivamente, hasta demorarse más de dos años desde que se cometen las infracciones y se inician las inspecciones hasta que las resoluciones adquieren firmeza.

Ante la gravedad que atribuye a este tipo de conductas, la Administración municipal considera indispensable agilizar los marcos legales y procedimentales para que la respuesta sancionadora sea inmediata y ejerza, según sostiene, un verdadero efecto disuasorio.

El Ayuntamiento de Sant Josep reitera además su compromiso de continuar persiguiendo "con la máxima firmeza" cualquier actividad clandestina y de agotar todas las vías legales para ejecutar el cobro de las sanciones y garantizar la convivencia ciudadana.

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