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Reducción de multa

Macrofiesta en Ibiza: la fiesta ilegal que reunió a mil personas en Sant Mateu acaba en solo 180.000 euros de sanción

El Ayuntamiento de Sant Antoni cierra el expediente después de que los organizadores aceptaran su responsabilidad y abonen la sanción de forma anticipada

Los asistentes abandonan la fiesta tras la llegada de las autoridades

Los asistentes abandonan la fiesta tras la llegada de las autoridades / Jerónimo Marín Palacios

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Ibiza

Los responsables de la macrofiesta ilegal celebrada en una vivienda situada cerca del Camí Vell de Sant Mateu han reconocido los hechos, han renunciado a recurrir por vía administrativa y han abonado anticipadamente una sanción de 180.000 euros al Ayuntamiento de Sant Antoni. El Consistorio declarará así concluido el expediente abierto por el evento, que reunió a aproximadamente mil personas el pasado 10 de junio.

El Ayuntamiento inició el procedimiento tras la celebración de la fiesta y formuló una propuesta de sanción de 300.000 euros al considerar que los hechos constituían una infracción muy grave de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears.

Los promotores presentaron inicialmente un escrito de alegaciones en el que negaban los hechos, mientras el expediente continuaba su tramitación. Posteriormente, han presentado un escrito en el que reconocen su responsabilidad por la infracción y renuncian a recurrir la resolución por vía administrativa, además de efectuar el pago anticipado de la sanción.

De acuerdo con el artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, estas circunstancias permiten aplicar una reducción del 40% sobre el importe de la sanción, por lo que los responsables han abonado finalmente 180.000 euros.

Desalojada una fiesta ilegal en Buscastell

Jerónimo Marín Palacios

El Ayuntamiento fundamentó la propuesta de imponer la sanción en su grado máximo, dentro del intervalo legalmente previsto, en la especial gravedad que atribuyó a los hechos y en el elevado riesgo generado para la seguridad de las personas, el medio ambiente y el orden público.

Entre los elementos que motivaron esta calificación, el Consistorio señala la concentración de aproximadamente mil personas en un espacio no habilitado ni autorizado para este tipo de actividades; la celebración del evento en suelo rústico protegido SRP-ARIP, en es Amunts, afectado además por un Área de Prevención de Riesgos de Incendio (APR); la ausencia de medidas técnicas esenciales en materia de seguridad, control acústico y prevención de riesgos; y la instalación de infraestructuras temporales y de un sistema organizado de transporte y accesos para facilitar la asistencia masiva de público.

Según sostiene el Ayuntamiento, estos factores evidenciaban una especial intensidad del riesgo generado y una posible afectación a intereses públicos esenciales, como la protección del medio ambiente, la seguridad de las personas y la tranquilidad vecinal, circunstancias que justificaron la imposición de la sanción en su cuantía máxima.

Agentes de la Guardia Civil se unen al dispositivo de desalojo de la fiesta ilegal

Agentes de la Guardia Civil se unen al dispositivo de desalojo de la fiesta ilegal. / Jerónimo Marín Palacios

Durante la intervención conjunta realizada el pasado 10 de junio por la Policía Local de Sant Antoni y la Guardia Civil, los agentes constataron la existencia de una organización logística propia de un evento multitudinario, con personal encargado de regular los estacionamientos en las inmediaciones, aseos portátiles y grupos electrógenos para el suministro eléctrico.

En el interior de la finca localizaron a unas mil personas, todas ellas con pulseras identificativas de acceso. Los agentes también comprobaron la existencia de diferentes espacios con varios ambientes musicales y servicios.

Como resultado de la inspección, el técnico municipal de Actividades levantó acta por presuntas infracciones de la Ley 7/2013, lo que dio lugar al expediente sancionador que concluye con el reconocimiento de responsabilidad de los promotores y el pago de 180.000 euros.

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