El PSOE de Sant Josep exige actuar con urgencia ante nuevas obras ilegales y un asentamiento en Casa Lola

El PSOE de Sant Josep exigirá al equipo de gobierno de Vicent Roig, del PP, que actúe de forma "urgente y eficaz" ante las nuevas construcciones presuntamente ilegales y el asentamiento existente en la finca conocida como Casa Lola, situada en el polígono 33 de la parroquia de es Cubells. El Grupo Municipal Socialista llevará al próximo pleno una moción sobre una propiedad que "acumula desde hace más de una década infracciones urbanísticas y condenas judiciales firmes".

El anterior equipo de gobierno ejecutó de forma subsidiaria el 9 de agosto de 2022 la demolición de las construcciones ilegales existentes en la finca, después de que la orden municipal tardara doce años en hacerse efectiva. Según recuerda el PSOE, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares confirmó el pasado 6 de marzo de 2026 la condena a la propiedad por incumplir aquella orden y la obligación de reintegrar al Ayuntamiento el medio millón de euros que costó la demolición subsidiaria.

Nuevas edificaciones valoradas en 2,4 millones

Pese a aquella actuación, los servicios técnicos municipales constataron en un informe de noviembre de 2024 la existencia de nuevas construcciones sin título habilitante en la misma propiedad. Entre las obras detectadas figuran porches, un anexo destinado presuntamente a discoteca o club, una edificación de más de 500 metros cuadrados levantada sobre la antigua vivienda demolida, además de caminos, vallas y muros.

La valoración económica del conjunto de las actuaciones asciende a casi 2,4 millones de euros, según el informe citado por los socialistas, que considera que las obras no pueden legalizarse al encontrarse mayoritariamente en suelo rústico protegido.

El PSOE denuncia que el expediente sancionador y de restablecimiento de la legalidad, abierto en febrero de 2023, fue declarado caducado y archivado en febrero de 2025 al no resolverse dentro del plazo legal de un año. Los socialistas aseguran que un informe jurídico municipal ya había advertido de este riesgo casi un año antes.

La caducidad obligó al Ayuntamiento a iniciar un nuevo expediente desde cero, un procedimiento que, según el grupo socialista, podría prolongarse otro año mientras las construcciones continúan en pie.

Denuncian condiciones precarias y problemas de seguridad

El Grupo Socialista alerta de que la finca se ha convertido en un asentamiento ilegal en el que residen decenas de personas en infraviviendas, sin electricidad ni condiciones dignas. La formación atribuye esta información a publicaciones de la prensa local y a informes policiales.

Según el PSOE, en la propiedad se habrían producido episodios graves, entre ellos una agresión sexual y un incendio presuntamente provocado con gasolina a principios de julio de 2026. También señala que existen indicios del cobro de alquileres irregulares de alrededor de 700 euros mensuales a personas en situación de vulnerabilidad, así como de conexiones ilegales a las redes eléctrica y municipal de agua.

Los socialistas añaden que los vecinos de la zona de Davall sa Serra llevan varias semanas denunciando públicamente la situación.

"No podemos permitir que la falta de tramitación administrativa perpetúe indefinidamente una situación que pone en riesgo tanto a los vecinos de la zona como a las personas que malviven en la finca", advierte la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pilar Ribas Torres.

"Exigimos que el Ayuntamiento actúe con la máxima celeridad y determinación, tanto para restablecer la legalidad urbanística como para garantizar la seguridad y la dignidad de todas las personas afectadas", añade.

Una moción para evitar una nueva caducidad

La moción que se someterá a votación reclama al equipo de gobierno que tramite sin demoras el expediente 11038/2024 y adopte las medidas necesarias para impedir que vuelva a caducar. El PSOE también exige explicaciones detalladas sobre las demoras que provocaron el archivo del procedimiento anterior y solicita que se remitan informes trimestrales a los grupos municipales sobre el estado de la tramitación.

La propuesta plantea además que el Ayuntamiento realice un seguimiento activo del procedimiento judicial para el desalojo de las infraviviendas y que se coordine con la Policía Local y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los socialistas piden asimismo que los hechos sean trasladados a la Fiscalía.

El texto reclama también la intervención de los servicios sociales para atender a las personas residentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad ante un eventual desalojo. Finalmente, propone remitir los acuerdos al Consell de Ibiza, al Govern balear y a la Fiscalía del Área de Ibiza y Formentera.

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