Urbanismo
La certificación privada "agiliza" la tramitación urbanística en Santa Eulària
La herramienta, prevista en la normativa autonómica, permitirá acortar de forma significativa los tiempos de resolución de expedientes
Ayuntamiento de Santa Eulària, foto de archivo. / A.S.E.
Añádenos en GoogleEl Ayuntamiento de Santa Eulària ha aprobado los dos primeros expedientes urbanísticos tramitados con un Certificado de Conformidad Urbanística emitido por una Entidad Privada de Certificación Urbanística (EPCU). Esta herramienta, prevista en la normativa autonómica, permite agilizar determinados procedimientos urbanísticos y acortar de forma significativa los tiempos de resolución.
La Junta de Gobierno Local dio luz verde a ambos expedientes en su última sesión. Los dos corresponden a procedimientos de legalización extraordinaria de edificaciones del municipio.
Cada expediente incorporó un Certificado de Conformidad Urbanística expedido por una entidad certificadora autorizada por el Consell Insular de Ibiza e inscrita en el registro insular habilitado para este fin. Estos certificados sustituyen los informes técnicos y jurídicos municipales, lo que acelera la tramitación sin reducir las garantías jurídicas del procedimiento. La normativa autonómica establece un régimen de autorización, control y responsabilidad para las entidades certificadoras.
Optimizar los recursos
La concejala de Urbanismo, Cristina Tur, ha destacado que «la incorporación de las Entidades Privadas de Certificación Urbanística supone una herramienta muy útil para agilizar la tramitación de determinados expedientes y ofrecer una respuesta más rápida a la ciudadanía, manteniendo en todo momento las garantías que exige la normativa urbanística».
Además, Tur ha subrayado que «este sistema también permite optimizar los recursos municipales y mejorar la eficiencia de la gestión urbanística del Ayuntamiento».
La utilización de las EPCU forma parte de las medidas que impulsa el Govern de les Illes Balears para simplificar los procedimientos administrativos y reducir los plazos de resolución en materia urbanística. Este modelo permite que los ayuntamientos recurran a entidades certificadoras acreditadas en aquellas actuaciones que contempla la legislación vigente.
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