Sanidad Pública
Ibiza lidera el aumento de la violencia contra los sanitarios: "Convivimos con insultos y agresiones"
Los sindicatos del sector demandan mayores medidas de seguridad en los centros de salud y que la profesión sea declarada de alto riesgo
La concentración de los sanitarios en el centro de salud de Sant Antoni, en imágenes / Miguel González

La reciente agresión a una doctora en el centro de salud de Sant Antoni vuelve a traer a la actualidad el tema de la violencia que tienen que sufrir los sanitarios mientras ejercen su oficio. Por ello, los médicos y enfermeros de esta institución sanitaria salieron en la mañana de este jueves a la entrada del edificio para protestar en contra de los ataques que reciben. Entre indignados y hastiados, aplaudieron el discurso de condena de estos sucesos que pronunció el portavoz del Sindicato Médico de Balears en las Pitiusas, David Fernández.
Carmen Ortiz, la coordinadora de Prevención de Riesgos Laborales del sindicato de enfermería Satse en Balears, explica que estas agresiones son cada vez más frecuentes en Ibiza. Así, apunta que entre los años 2024 y 2025, aumentaron "más de un 25%" y que la isla pitiusa lidera esta subida que es generalizada en todo el archipiélago balear. "Es una historia que siempre se repite. Convivimos con insultos y agresiones físicas", critica.
La representante sindical tiene muy clara su reivindicación al Ib-Salut para evitar que el personal sufra situaciones de violencia: "Los servicios de seguridad deben estar activos 24 horas en los servicios que acumulan la mayoría de agresiones". Ortiz detalla que estos centros "calientes" son las unidades de Urgencias del centro de salud de Ibiza, el de Sant Antoni y el Hospital Can Misses.
"Pierde toda la sociedad"
La coordinadora indica que con este tipo de ataques "pierde no solo el agresor, sino toda la sociedad". Así, argumenta que cuando un paciente es violento con un sanitario "se pierde la relación de confianza", por lo que los médicos o enfermeros no pueden "atenderle como necesita". "Los sanitarios tienen derecho a estar en una situación de seguridad y tranquilidad y no podemos normalizar estas agresiones", insiste.
Ortiz exige al Ib-Salut que el dispositivo especial de seguridad con el que cuenta el centro de Sant Antoni no esté desplegado solo en verano y que su servicio se extienda a todo el año. En la actualidad, este centro cuenta con un despliegue permanente, pero lamenta que en el de Santa Eulària solo esté activo entre las 8 y las 20 horas. "La seguridad ha evitado que pudieran ocurrir cosas aún peores y es imprescindible que la seguridad esté 24 horas", reflexiona.
La representante sindical no solo se fija en que las agresiones perjudican la efectividad del trabajo de los sanitarios, sino que también les afecta en el aspecto personal. "Se produce ansiedad, estrés y se deteriora totalmente el bienestar emocional y las consecuencias físicas incluyen malestar, dolor de cabeza, insomnio", enumera. Por ello, no duda en hablar de "estrés postraumático en toda regla" tanto en quien recibe el ataque como en quienes hayan presenciado la situación de violencia.
Carencias en la prevención
Fernández matiza que el "sistema funciona bien" cuando se trata de responder a este tipo de situaciones después de que hayan ocurrido, por eso observa que las carencias se centran en "la prevención de la agresión". Para él, son necesarias medidas disuasorias y coincide con Ortiz en que la "seguridad efectiva" ayudaría en este objetivo. "Tiene que ser una seguridad que, llegado el caso, la puedas meter en la consulta", precisa.
Añade que la situación no debe llegar a la agresión física porque es un "fracaso del sistema" y que un insulto o vejación debe "activar una serie de protocolos" como la expulsión del centro sanitario. "Eso lo tiene que hacer la seguridad profesional", apunta. Carmen Ortiz indica que el procedimiento contra las situaciones de violencia debe activarse mucho antes de que se produzca la agresión y recuerda que ha pedido al Ib-Salut en diversas ocasiones que se revise para proteger mejor a los profesionales.
Fernández apunta que los sanitarios tienen "un problema con los traslados de pacientes agitados" en ambulancia, ya que la Policía Nacional y la Guardia Civil son "absolutamente reticentes" a subirse a uno de estos vehículos. Señala que el "único recurso" que tienen los técnicos es "mandar una ambulancia avanzada y sedar al paciente", lo que no es deseable porque "va en contra" de su seguridad.
Un sanitario es autoridad
Ortiz matiza que los profesionales sanitarios son considerados autoridad, por lo que una agresión contra ellos está tipificada en el Código Penal: "No sale gratis". Fernández agrega que una medida preventiva que debe tomar el Ib-Salut es dar a conocer este reconocimiento legal: "Hay que informar a la gente de que una agresión son dos años de cárcel".
La sanidad quiere ser oficio de alto riesgo
El portavoz del Sindicato Médico de Balears en las Pitiusas, David Fernández, señala que la declaración de las profesiones sanitarias como oficios de alto riesgo es “un trámite nacional que se tiene que hacer”. De hecho, esta propuesta está en la agenda del Gobierno central desde la pandemia de covid: “Se tomaron un poco en serio valorarlo por la exposición evidente [de los médicos y enfermeros a la enfermedad]”.
A pesar de esta necesidad de la que el Ejecutivo es consciente, el portavoz sindical reconoce que no será fácil que apruebe esta modificación legislativa: “Como son medidas que tienen un impacto económico, son muy reticentes a ponerlas en marcha”. Fernández insiste en que los sanitarios toman riesgos contra los que no se pueden adoptar “medidas preventivas efectivas”. Pone de ejemplo la posibilidad de sufrir un accidente de aquellos profesionales que se suben a una ambulancia o un helicóptero: “Todo esto tiene que tener una contraprestación, que es ser declarados profesión de riesgo”.
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