Continúa la pesadilla en los juzgados de Ibiza: anulada la adjudicación de la obra para concluir el edificio

La particular obra de la Sagrada Familia judicial de Ibiza vuelve a encallar. Cuando el Ministerio de Justicia parecía haber pulsado por fin el botón definitivo para acabar el edificio de los juzgados de Sa Graduada (queda pendiente de acondicionar una superficie de 4.077 de 12.251 metros cuadrados del total), el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha anulado la adjudicación de las obras de acondicionamiento de la zona de reserva del inmueble, el contrato clave para completar la sede judicial de las Pitiusas.

El tribunal ha estimado el recurso presentado por Vilor Infraestructuras, la empresa que había quedado en segundo lugar en la licitación, y ha ordenado retrotraer el procedimiento para que continúe con la exclusión de Zima Desarrollos Integrales, la compañía murciana a la que la Secretaría de Estado de Justicia adjudicó inicialmente el contrato por casi 8,2 millones de euros.

La resolución confirma el peor escenario que se abrió en marzo, cuando Vilor recurrió la adjudicación y el procedimiento quedó automáticamente suspendido. El parón ya no era solo provisional: el tribunal ha concluido que la oferta ganadora no cumplía correctamente las exigencias de clasificación empresarial fijadas en los pliegos. La resolución es definitiva en vía administrativa, pero contra ella cabe recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde su notificación.

Abierto desde 2019

El contrato afecta a las obras de acondicionamiento de la zona de reserva del nuevo edificio de juzgados de Ibiza, situado en la plaza de Sa Graduada. El inmueble abrió sus puertas en diciembre de 2019, hace ya seis años y medio, pero sigue pendiente de su finalización definitiva. A la licitación concurrieron tres aspirantes: la UTE formada por Asch Infraestructuras y Servicios y Taller de Construcción TMR; Vilor Infraestructuras; y Zima Desarrollos Integrales, que fue inicialmente seleccionada como adjudicataria. Zima presentó la oferta económica más baja, 6.767.271 euros, frente a los 6.997.645 euros de Vilor y los 7.195.625 euros de la UTE.

Esa diferencia permitió a la empresa murciana imponerse con 94,55 puntos en la clasificación final. Vilor quedó segunda con 84,80 puntos y la UTE tercera con 39,08. La mesa de contratación consideró entonces que la propuesta de Zima era la mejor y elevó la adjudicación al órgano de contratación, que la aprobó el 3 de marzo. Sin embargo, Vilor impugnó la decisión el 16 de marzo. Su argumento central era que Zima carecía de la clasificación exigida para ejecutar las obras y que no podía suplir esa carencia recurriendo a medios externos de otras empresas. La recurrente defendía que esa posibilidad solo podía operar, en los términos pretendidos, dentro de una unión temporal de empresas, no mediante una candidatura individual.

Corrigiendo a la Secretaría de Estado

Zima sostuvo lo contrario. Alegó que sí estaba clasificada como contratista de obras y que, desde el primer momento, había declarado que integraba parte de su solvencia con medios externos, al amparo del artículo 75 de la Ley de Contratos del Sector Público. Para ello, aportó compromisos con José Pintaluba y Cía y Zaragoza 2012 Grupo Constructor, empresas que ponían a disposición medios vinculados a instalaciones mecánicas, ventilación, calefacción, climatización, estructuras, fábrica, hormigón y albañilería.

La Secretaría de Estado de Justicia también defendió la legalidad de la adjudicación. En su informe al tribunal, sostuvo que Zima podía concurrir en solitario y completar su solvencia mediante terceros, siempre que esas capacidades estuvieran disponibles durante toda la ejecución del contrato. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales rechaza esa interpretación y concluye que el régimen de acumulación de clasificaciones previsto para las UTE no puede aplicarse de forma analógica a una empresa que concurre individualmente.

El tribunal subraya que "no existe una acumulación de clasificaciones stricto sensu fuera del régimen de UTE" y sostiene que no se puede utilizar la integración de medios externos para beneficiarse de una posibilidad prevista de forma expresa para las uniones temporales de empresas. En consecuencia, acuerda "anular la adjudicación" y retrotraer el procedimiento para que, "con exclusión de la oferta de Zima Desarrollos Integrales", el órgano de contratación continúe la tramitación conforme a los pliegos y a la Ley de Contratos del Sector Público.

La resolución supone un nuevo giro en un expediente que ya acumula varios tropiezos. Antes del recurso de Vilor, la licitación ya había sido impugnada por Pradditive, una empresa dedicada a la eficiencia energética en sistemas de climatización y ventilación. Aquella compañía alegó un supuesto incumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, pero el tribunal inadmitió su recurso en diciembre y permitió que el procedimiento siguiera adelante.

La tramitación continúa sin Zima

Ahora ocurre lo contrario. El tribunal sí da la razón a Vilor en lo esencial y deja sin efecto la adjudicación que había permitido al Ministerio de Justicia presentar el contrato como el paso definitivo para completar el edificio. El órgano administrativo inadmite únicamente la parte del recurso dirigida contra el acuerdo de la mesa de contratación del 18 de febrero, al considerar que no era un acto impugnable de forma autónoma, pero estima la impugnación contra la adjudicación.

El fallo también levanta la suspensión del procedimiento de contratación, aunque el expediente no vuelve al punto en el que estaba antes del recurso. Justicia deberá continuar la tramitación sin Zima. Vilor, que fue la segunda clasificada, había pedido expresamente que el contrato se adjudicara a su favor como siguiente licitadora con mejor puntuación, aunque el tribunal se limita a ordenar la retroacción y la continuación del procedimiento conforme a los pliegos.

El revés añade más incertidumbre al calendario de una obra que debía ejecutarse en 20 meses una vez confirmada la adjudicación. Por ello, ya es seguro que el edificio no estará acabado antes de la primavera de 2028, el enésimo retraso de un proyecto que Ibiza lleva años esperando.

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