Guardias civiles y policías de Ibiza ven “insuficiente” el nuevo plus de insularidad en Baleares

La asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) y el sindicato Justicia Policial (Jupol) han calificado de “parche insuficiente” la actualización del plus de insularidad para las Islas Baleares y consideran que el acuerdo supone una nueva “oportunidad perdida” para resolver el déficit crónico de agentes en el archipiélago, que se vive con especial crudeza en Ibiza y Formentera.

Ambas organizaciones valoran que se haya anunciado un incremento de este complemento, una reivindicación que aseguran que llevan años reclamando, pero advierten de que la medida no resuelve el problema de fondo que afecta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en las islas. Según Jucil y Jupol, el incremento anunciado es “la prueba evidente y el reconocimiento oficial” de la situación de emergencia que vienen denunciando desde hace años: la dificultad para atraer y mantener agentes en las islas por la carestía de la vida y la crisis habitacional.

Las dos organizaciones sostienen que el acuerdo firmado no solo no equipara a Baleares con Canarias, algo que ya consideran insuficiente, sino que además puede provocar un efecto negativo en Baleares. Según denuncian, el texto actual “trasladará los problemas de cobertura” que ya se sufren en las islas menores, especialmente en las Pitiusas, a la isla de Mallorca, donde prevén que “a muy corto plazo” se produzca también falta de agentes.

Jucil y Jupol recuerdan que, cuando iniciaron en 2021 la reclamación para actualizar este plus dentro de la plataforma Unisep, se pedía la equiparación con Canarias. Sin embargo, aseguran que las condiciones económicas actuales de Baleares obligan a plantear un modelo propio, con cantidades más próximas a las que se perciben en Ceuta y Melilla.

Canarias deja de ser un "marco de comparación válido"

En este sentido, ambas organizaciones consideran que Canarias “ya no constituye un marco de comparación válido”, puesto que su plus de insularidad se sufraga en gran medida con fondos europeos por su condición de Región Ultraperiférica. A su juicio, esta vía de financiación introduce “un factor de distorsión” que hace “inviable e injusta” la comparación con Baleares, cuyo complemento depende exclusivamente de los Presupuestos Generales del Estado.

Jucil y Jupol señalan además que esta visión ya fue asumida por el Govern balear al mejorar las condiciones de sus empleados públicos con criterios que consideran “más realistas”. También recuerdan que otras organizaciones sindicales defendían esta posición, entre ellas, según afirman, algunas de las que han firmado el acuerdo que ahora critican.

Las organizaciones denuncian una “discriminación histórica” hacia Baleares y rechazan que el problema pueda justificarse por motivos económicos, especialmente cuando, subrayan, Baleares es el tercer territorio que más aporta financieramente al Estado. En este sentido, lamentan el “maltrato sistemático” que, según sostienen, sufren las islas y que acaba afectando directamente al servicio público que recibe la ciudadanía.

Como ejemplo de ese agravio, Jucil y Jupol recuerdan que en la última actualización realizada en 2006 el Estado destinó apenas 500.000 euros a mejorar el plus de sus empleados en Baleares, mientras que asignó 4,5 millones de euros a Ceuta y Melilla, una cantidad sustancialmente mayor para un número menor de trabajadores.

También critican que Baleares haya sido tratada de manera desfavorable en la aplicación de este complemento. Según explican, las cuantías asignadas han sido menores, los criterios de insularidad se han aplicado de forma diferente respecto a Canarias y nunca se ha computado el porcentaje correspondiente a los trienios. Además, recuerdan que el archipiélago balear es el único territorio de España donde la Administración central y la autonómica aplican estas medidas por separado.

Otra de las críticas de Jucil y Jupol se dirige a la diferencia económica establecida en función de los distintos niveles de la Administración. Ambas organizaciones sostienen que el complemento debe compensar la insularidad, es decir, el mayor coste de vida derivado de prestar servicio en las islas, por lo que rechazan que existan diferencias según escala, empleo o nivel funcionarial. Por ello, defienden una insularidad lineal, independiente de la escala a la que pertenezca cada funcionario. Según argumentan, el nivel funcionarial y la responsabilidad ya se retribuyen en el sueldo base y en el resto de complementos, mientras que el encarecimiento de la vivienda, los bienes y los servicios afecta por igual a todos los agentes.

Aplicar incentivos similares a los que existen en el País Vasco

Las asociaciones insisten en que la singularidad de Baleares debería haberse aprovechado para implantar “un modelo propio y efectivo” de forma inmediata, en lugar de continuar con “interminables promesas y negociaciones” que, según denuncian, solo retrasan soluciones y dañan los servicios públicos. A esta situación suman la negativa del Ministerio del Interior a declarar las islas como Zona de Especial Singularidad (ZES), en complemento con la indemnización por residencia. Las dos organizaciones critican que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska rechace aplicar incentivos similares a los que existen desde hace décadas en el País Vasco y que, a su juicio, son “la única vía real para estabilizar las plantillas”.

Como consecuencia, advierten de que Baleares se ha convertido en un destino que muchos guardias civiles y policías nacionales rechazan por el “castigo” económico que implica trabajar en las islas. Según Jucil y Jupol, año tras año se produce una “huida” constante de agentes destinados de forma forzosa o en prácticas, que abandonan el archipiélago en cuanto tienen oportunidad de solicitar un nuevo destino en la Península. Las organizaciones concluyen que la actualización anunciada no frena el problema estructural de cobertura de las plantillas y que Baleares necesita un tratamiento específico que responda al coste real de vivir y trabajar en las islas.