Cinco años de conflicto laboral en Ibiza por 937 euros: la justicia da la razón a una funcionaria contra el Ayuntamiento de Santa Eulària

UGT Servicios Públicos ha mostrado su satisfacción por la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, Sección Social de Ibiza, que reconoce el derecho de una funcionaria del Ayuntamiento de Santa Eulària a percibir las retribuciones correspondientes por los servicios extraordinarios realizados y pendientes de abono desde 2021.

La trabajadora, auxiliar administrativa del Consistorio, reclamó el pago de las horas extraordinarias realizadas, cuyo importe ascendía a 937 euros. Sin embargo, según explica UGT, el Ayuntamiento denegó el abono de esas cantidades pese a las reiteradas reclamaciones presentadas, lo que obligó a la empleada pública a iniciar un proceso para reclamar sus derechos.

Tras la negativa municipal, el conflicto fue sometido al Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balears (Tamib), donde, según el sindicato, no fue posible alcanzar un acuerdo debido a la falta de voluntad conciliadora por parte del Ayuntamiento. Ante esta situación, UGT Servicios Públicos, a través de sus servicios jurídicos, interpuso la correspondiente demanda judicial.

La sentencia reconoce el derecho de la trabajadora a percibir las retribuciones que le correspondían por los servicios extraordinarios prestados.

Coste de una judicialización prolongada

UGT Servicios Públicos valora positivamente la resolución judicial y sostiene que reafirma el derecho del personal público a percibir íntegramente las retribuciones derivadas del trabajo efectivamente realizado.

El sindicato lamenta, asimismo, que un conflicto derivado de una cantidad de 937 euros haya terminado judicializándose durante casi cinco años. Según afirma la organización, esta situación ha supuesto un importante coste económico y social para todas las partes implicadas, al requerir la intervención del Tamib, la utilización de recursos de la Administración de Justicia y la actuación de los servicios jurídicos tanto de UGT como del Ayuntamiento, además del desgaste personal, profesional y emocional sufrido por la trabajadora durante todo este tiempo.

UGT Servicios Públicos considera que este tipo de conflictos deberían resolverse mediante el diálogo y el cumplimiento de la legalidad, evitando procedimientos innecesarios que, según sostiene, generan un elevado coste para las administraciones públicas y para la ciudadanía.

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