El concejal Miguel Tur responde en los juzgados de Ibiza por un presunto delito de alzamiento de bienes

El concejal de Turismo, Desarrollo de la Economía Local, Fomento de la Ocupación y Fiestas de Sant Antoni, Miguel Tur, ha acudido esta mañana a declarar a los juzgados de Ibiza por un litigio familiar en el que los denunciantes le acusan de un presunto delito de alzamiento de bienes. A su llegada a la sede judicial, en la plaza de sa Graduada, pocos minutos antes de las diez de la mañana Tur ha evitado atender a la prensa.

El político ha comparecido, acompañado de su abogado, ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ibiza, Plaza 3, después de que se admitiera a trámite una querella criminal por un presunto delito de alzamiento de bienes que beneficiaría a su hermana, que también debía estaba citada a declarar.

La querella fue presentada el 29 de septiembre de 2025 y admitida a trámite el 24 de febrero por la jueza Carmen Martín Montero, que acordó abrir diligencias previas para investigar las circunstancias de la transmisión a Miguel Tur de una propiedad inmobiliaria que pertenecía a su hermana.

El origen del caso está en el impago de las costas de un procedimiento judicial anterior, con sentencia firme, por la cesión de unos terrenos para que la hermana del concejal puediera construirse una vivienda. Según la querella, la hermana de Tur debía abonar esas costas a los querellantes, que son unos familiares suyos. Estos últimos, al intentar cobrarlas mediante el embargo de sus bienes, advirtieron que ya había transmitido a su hermano un inmueble situado en el barrio Can Bonet, una planta alta que había adquirido en 2018 y que pasó a figurar a nombre de Miguel Tur en diciembre de 2024, un año después de la sentencia firme que obligaba al pago.

La investigación se centra en determinar si esa transmisión patrimonial pudo tener como finalidad evitar o dificultar el cobro de la deuda. El alzamiento de bienes está castigado en el Código Penal con penas de uno a cuatro años de prisión y multa de 12 a 24 meses.

El procedimiento se encuentra todavía en fase de instrucción. Tras las declaraciones, la jueza deberá decidir si practica nuevas diligencias, si archiva el caso o si lo encamina hacia juicio.

"Ámbito personal"

La semana pasada, este diario contactó con Miguel Tur para recabar su versión de los hechos. El concejal se limitió a indicar, a través de un mensaje que se trata de "un asunto de ámbito personal derivado de denuncias familiares de hace tiempo». «Está actualmente judicializado, a la espera de una resolución. Es una citación que afronto con la tranquilidad de haber actuado correctamente y con la confianza de que el procedimiento permita aclarar completamente la situación».

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