Juzgados de Ibiza: El edil de Turismo de Sant Antoni declara ante la jueza por alzamiento de bienes

Miguel Tur Contreras, concejal de Turismo, Desarrollo de la Economía Local, Fomento de la Ocupación y Fiestas de Sant Antoni, y su hermana han sido llamados a declarar mañana, martes 7 de julio, ante la magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ibiza, Plaza 3, tras ser admitida una querella criminal por un presunto delito de alzamiento de bienes.

La querella, presentada el 29 de septiembre de 2025, fue admitida a trámite el 24 de febrero pasado por la jueza Carmen Martín Montero. En ella, la magistrada acordó que se incoaran diligencias previas penales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias concurrentes en la transmisión a Miguel Tur de una propiedad inmobiliaria de su hermana cuando ésta aún debía a los querellantes las costas de un proceso.

Este delito, según figura en el Código Penal, se aplica a quien se alza con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, realice actos de disposición para dilatar o impedir un embargo, o intente eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito, y conlleva una pena de prisión de uno a cuatro años, así como pena de multa de 12 a 24 meses. Este proceso aún se encuentra en fase de instrucción.

El origen

El origen de este litigio se remonta al 1 de junio de 2002, cuando la hermana del ahora edil de Turismo recibe gratuitamente, por parte de dos de sus familiares, el derecho de superficie sobre un solar de 590 metros cuadrados para que construya una vivienda unifamiliar de una única planta, si bien ese acuerdo incluye que unos parientes cercanos, mediante derecho de vuelo del inmueble, puedan edificar otra vivienda sobre esa planta. Pero sobre ella, tal como fue edificada, esos parientes no pudieron, años más tarde, construir nada más, de manera que, en 2017, el querellante (uno de los que firmaron el contrato de cesión de derecho de superficie en 2002) interpuso una demanda de juicio ordinario contra la hermana del concejal por la que se declaró nulo y sin efecto entre las partes aquel contrato privado y se la condenó, además de a las costas procesales, a demoler a sus expensas la construcción que ella ejecutó a raíz de aquel acuerdo privado. Tras dos sentencias (una de mayo de 2024 y otra de febrero de 2025) que desestiman íntegramente el recurso de apelación de la querellada, la sentencia aún no es firme porque está pendiente la admisión de su recurso de casación.

Pero en el ínterin de ese proceso, la hermana de Tur presenta el 5 de enero de 2018 una demanda por la que pretende elevar a público aquel contrato privado del 1 de junio de 2002. No le sale bien y en noviembre de 2021, primero, y enero de 2023, después, recaen sendas sentencias que desestiman íntegramente la demanda, con expresa imposición de costas a la parte demandante. En este caso, la sentencia sí es firme y, es más, da pie a la actual querella por alzamiento de bienes contra ella y Miguel Tur.

En diciembre de 2024, un año después de la sentencia firme, ese piso (una planta alta) ya no está a su nombre, sino al de su hermano, Miguel Tur Contreras

Así, y dado que pasado un tiempo el querellante no percibe las costas de aquella sentencia firme, este decide buscar la manera de cobrarlas, por ejemplo mediante el embargo de las propiedades de la hermana de Miguel Tur. En este proceso descubre que la mujer recibió en 2018, mediante un título de compraventa, un inmueble ubicado en la misma finca de Can Bonet donde la sentencia (aún no firme) obliga a demoler otra vivienda colindante que fue edificada por ella. Pero, casualmente, en la documentación del Registro de la Propiedad figura que en diciembre de 2024, un año después de la sentencia firme, ese piso (una planta alta) ya no está a su nombre, sino al de su hermano, Miguel Tur Contreras.

«En casa se habla de todo»

Esa transmisión es la que motiva la querella, aún en fase de instrucción, contra Miguel Tur y su hermana por la presunta comisión de un delito de alzamiento de bienes, que en el Código Penal se establece para actos de disposición patrimonial o generadores de obligaciones que dilaten, dificulten o impidan la eficacia de un embargo. El querellante considera que Miguel Tur era consciente de la situación procesal y económica que atravesaba su hermana, especialmente tras la declaración del edil como testigo (es decir, con obligación de decir la verdad), y a petición de su hermana, el 16 de noviembre de 2021 en el Juzgado de Primera Instancia número 2, en la que el político admitió estar al tanto de todo lo que se cocía en su ámbito doméstico y, particularmente, de lo que hacía ella: «En casa se habla de todo, somos una familia unida», dijo entonces.

Tur reduce la querella por la que deberá declarar este martes a «un asunto de ámbito personal derivado de denuncias familiares de hace tiempo»

Esta redacción se puso en contacto con el edil, que, a través de un mensaje, redujo la querella por la que deberá declarar este martes a «un asunto de ámbito personal derivado de denuncias familiares de hace tiempo». Indica, sin especificar a qué caso se refiere, que «está actualmente judicializado, a la espera de una resolución»: «Es una citación -añade- que afronto con la tranquilidad de haber actuado correctamente y con la confianza de que el procedimiento permita aclarar completamente la situación». La jueza, una vez concluya la instrucción, deberá decidir si archiva el asunto o si finalmente lo manda a juicio.

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