Ibiza ofrece un millón al año por gestionar su servicio de grúa municipal

El Ayuntamiento de Ibiza ha sacado a licitación el servicio de retirada de vehículos de las vías públicas del municipio, un contrato que también incluye la señalización previa de calles con motivo de obras o eventos, la gestión documental, el traslado y el tratamiento de vehículos al final de su vida útil en un centro autorizado. La licitación cuenta con un presupuesto base de 4.122.145 euros. El contrato tendrá una duración de cuatro años y las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas antes del 3 de agosto a las 19.00 horas.

El objeto del contrato abarca los servicios de remolque y demolición de vehículos, servicios de administración pública, servicios administrativos vinculados a operaciones comerciales y servicios relacionados con residuos y desperdicios, según la clasificación CPV incluida en el anuncio de licitación. La ejecución se desarrollará en el término municipal de Ibiza y no se prevén prórrogas, aunque el pliego sí contempla opciones y subcontratación, de acuerdo con las cláusulas del cuadro de características del contrato.

La adjudicación se decidirá principalmente por la oferta económica, que tendrá una ponderación del 72,5% sobre la valoración total. El 27,5% restante corresponderá a criterios evaluables mediante fórmula matemática. El pliego también reclama que las ofertas incluyan información desglosada sobre los distintos componentes del precio, con especial referencia a costes salariales, conceptos retributivos, antigüedad, cuotas de la Seguridad Social, absentismo, vacaciones, consumibles, materiales, otros gastos, beneficio industrial y cualquier otro concepto relevante.

Sin fondos europeos

Entre los requisitos de participación figura disponer de un certificado de autorización vigente del Centro de Tratamiento de residuos al final de su vida útil (CAT). También se exige capacidad de obrar, no estar incurso en prohibiciones para contratar ni en incompatibilidades, y estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. El contrato permite la factura electrónica y el pago electrónico, aunque no está financiado con fondos de la Unión Europea.

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