Sant Antoni multará con 300.000 euros a los promotores de la última macrofiesta ilegal en Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Antoni propondrá una sanción de 300.000 euros, la máxima prevista, contra los promotores de la macrofiesta ilegal celebrada el pasado 10 de junio en una finca del Camí Vell de Sant Mateu, entre Buscastell y Sant Mateu. Así lo ha confirmado a Diario de Ibiza la concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, detallando que el expediente sancionador está en su fase final.

“Estamos con el expediente. Se ha propuesto a 300.000 euros, que es lo máximo”, explica Mateu. La edil añade que el Consistorio también plantea el precinto vinculado a la actividad: “Se ha propuesto precintar, o sea que ahora vamos a ir. Estoy esperando a la reunión del lunes con la inspectora de Actividades para ya acabar de cerrar el expediente. Las grandes empresas pagan la multa de inmediato. Y esta fiesta tenía una organización muy grande”, remarca, dando por hecho que los organizadores pagarán pronto para acogerse a una importante reducción en el importe final.

El Ayuntamiento también se ha coordinado con el Consell de Ibiza para revisar qué parte del expediente podía corresponder a la institución insular. “Ya me he reunido con el Consell por la parte que a ellos les correspondía y, en principio, no es una casa turística. El Consell no le puede sancionar y retirar esta licencia porque no lo era”, señala. Según Mateu, “tampoco cumple la zona de rústico que tiene competencia el Consell”, por lo que la parte que corresponde al organismo insular "ya está revisada".

Un millar de asistentes y 15 djs

La macrofiesta ilegal reunió a más de un millar de asistentes y contaba con una organización de gran escala: varios espacios diferenciados, barras, zona de comida, lavabos, tiovivo portátil, área sanitaria, ambulancia, seguridad privada, generadores y un sistema de transporte con lanzaderas. En el cartel figuraban hasta 15 djs, entre ellos nombres habituales de las grandes discotecas de la isla

La responsable de Seguridad relata que el Ayuntamiento tenía indicios previos sobre un posible punto de encuentro, pero no conocía la ubicación exacta de la fiesta. La primera llamada de aviso llegó por la noche, aunque no permitió localizar el evento: “Nos llegó una llamada en la madrugada de un señor que oía música de lejos y no teníamos la ubicación”. La concejala sostiene que la Policía Local pudo actuar cuando acumuló más avisos y consiguió ubicar la finca: “Cuando ya nos llegan cuatro llamadas, la Policía va, una patrulla ubica y, cuando vuelve, se reúne con Jefatura y se monta el dispositivo”.

En ese momento, añade, se pidió apoyo a la Guardia Civil y al área municipal de Actividades. “Se pide colaboración con la Guardia Civil, que nos consigue ayudar con tres patrullas, y nosotros pedimos también al departamento de Actividades que venga el técnico. A las 11 de la mañana se va para allá y se actúa”, detalla. El horario de la fiesta abarcaba desde las 19 horas del martes 10 hasta las 16.30 horas del miércoles 11, aunque la llegada de las autoridades adelantó el cierre.

Mateu rechaza las críticas de la oposición, que acusó al equipo de gobierno de haber actuado tarde, e insiste en que, en este tipo de macrofiestas, la rapidez de la respuesta depende en gran medida de poder localizar el punto exacto. “Nosotros siempre agradecemos mucho que la ciudadanía nos informe y consiga ubicar”, afirma. En este sentido, la concejala sostiene que, a diferencia de otras fiestas ilegales, en este caso no hubo una avalancha inicial de quejas vecinales; “No llegaba el ruido, porque, si no, habríamos recibido más llamadas. Si hay llamadas, enseguida podemos actuar porque las conseguimos ubicar más rápido”.

Un fenómeno "bastante controlado" en Sant Antoni

Mateu también destaca la dificultad legal de intervenir dentro de una propiedad privada. “No pueden entrar”, señala. “Dicen: ‘¿Por qué no precintáis los equipos?’. Tú no puedes entrar, es una morada”, explica la concejala, que admite que pidió explicaciones a los agentes sobre por qué no se habían precintado los equipos durante la intervención. “Yo les decía: ‘¿Por qué no habéis precintado?’. Y me dicen que había siete salas, siete discotecas. ¿Cómo precintas y te llevas todo el equipo?”, se pregunta, antes de felicitar a los agentes que participaron en el dispositivo y destacar que consiguieron que el promotor se identificara en la puerta de la finca.

Por último, Mateu asegura que Sant Antoni mantiene “bastante controlado” este fenómeno. “Nosotros tenemos la suerte de que, como mucho, hemos tenido una macrofiesta con expediente sancionador anual en los últimos años”, explica. Según detalla, durante la pandemia “quizás” hubo más casos. "En 2021 tuvimos tres; en 2022, una o dos; y en los años 2023, 2024 y 2025, una por año", concreta.

Como resultado de la inspección en la macrofiesta del mes pasado en Sant Mateu, el técnico municipal de Actividades levantó acta por infracciones de la Ley 7/2013, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears. Según el Decreto-Ley 5/2022, de 16 de mayo, la organización de fiestas que incluyan cobro de entradas, transporte de pasajeros y publicidad podría acarrear una sanción de hasta 300.000 euros, la cantidad máxima que va a imponer Sant Antoni.