"Riesgos mortales", "sustancias peligrosas" o "alto peligro de incendio": así es el demoledor informe municipal que reclamó hace un año el desalojo en Cala de Bou

El Ayuntamiento de Sant Josep ya reclamó hace un año el desalojo inmediato de la estructura inacabada de Cala de Bou con un informe técnico demoledor que advertía de un “riesgo inminente” para la seguridad de las personas que ocupaban el inmueble. La resolución municipal, fechada el 11 de junio de 2025 y a la que ha tenido acceso Diario de Ibiza, ordenaba sacar de forma urgente a los ocupantes del edificio.

El decreto, dictado por la concejalía de Urbanismo, se apoyaba en un informe del arquitecto municipal emitido el 10 de junio de 2025, apenas un día antes de la resolución. El documento concluía que la estructura no reunía las condiciones mínimas de seguridad, salubridad ni habitabilidad y que no podía ser utilizada como vivienda ni como lugar de estancia de personas. La resolución municipal no dejaba margen a dudas. En su primer punto, el Ayuntamiento acordó “ordenar de manera inmediata el desalojo de los ocupantes” de la estructura, al considerar que su permanencia suponía un riesgo inminente para su seguridad.

El informe técnico describía una construcción abandonada, procedente de una antigua licencia urbanística, convertida en asentamiento irregular. Según el acta, levantada por el celador municipal el 5 de mayo de 2025, se observó que el cierre perimetral de la parcela tenía al menos una abertura que permitía el acceso al interior. Una vez dentro, los técnicos constataron que en varias plantas de la estructura había personas viviendo.

Una treintena de residentes contabilizados

La inspección detallaba que en la planta baja existían dos zonas acotadas mediante un cierre en las que había “gente viviendo”. En esos espacios se localizaron zonas destinadas a cocina, ropa tendida y camas. En la planta primera se observaron tiendas de campaña y lonas, también delimitando espacios. En una de las zonas habilitadas se encontraba una mujer “tumbada” y, según la documentación municipal, manifestaba que allí residían más de 30 personas. El acta municipal añadía que parte de esas personas ocupaban también la planta primera de la estructura. En la tercera planta, el personal municipal detectó igualmente tiendas de campaña y lonas. Los inspectores no llegaron a contactar con los ocupantes de esas plantas superiores porque, según recoge el informe, no salió nadie a responder a los requerimientos efectuados.

La inspección también dejó constancia de que el acceso a algunas zonas era imposible en condiciones ordinarias. En concreto, el celador municipal indicó que no pudo acceder a la zona del sótano al no disponer de herramientas para iluminarla. Aun así, el informe recogió la presencia de restos depositados en bolsas de estiércol en diferentes puntos de la estructura.

El arquitecto municipal describió la estructura como una obra “inacabada”, de hormigón armado, ejecutada a base de pilares, plantas, vigas y forjados bidireccionales. También señaló la existencia de una planta sótano, una planta baja y cuatro plantas superiores. La estructura, según el informe, permanecía en estado de abandono, con múltiples pintadas, gran cantidad de maleza alrededor y vallado perimetral con puntos de intrusión que facilitaban el acceso a la parcela.

El informe era especialmente contundente al valorar los riesgos. Los técnicos señalaban, en primer lugar, que el acceso a la estructura estaba “sin señalización alguna o con acceso no restringidos”, es decir, con un “acceso no controlado” que podía “atraer a más moradores, niños o animales domésticos”. Uno de los capítulos más graves era el de los materiales expuestos. El arquitecto municipal advertía de que en la estructura había “hierros oxidados o escombros acumulados” que podían causar “heridas, infecciones y caídas”. El documento municipal también señalaba el peligro de los objetos y restos repartidos por el inmueble, especialmente en las zonas superiores.

Diversos riesgos "mortales"

El informe alertaba además de la existencia de “huecos sin protección”, entre ellos “pozos, escaleras, huecos para elevadores o aberturas en pisos sin barandillas”. Según el técnico, estos elementos representaban un “riesgo de caídas graves y potencialmente mortales” tanto “al mismo o distinto nivel”, debido a la “ausencia total de vallado de seguridad”. La posibilidad de desprendimientos también aparecía recogida de forma expresa. El técnico municipal advertía de que “los diversos materiales y enseres mal almacenados en pisos superiores podrían desprenderse y caer sobre personas”, con consecuencias que podían llegar a causar “incluso resultado mortales”.

A esos riesgos se sumaba la falta de luz en el interior de la estructura. El informe señalaba que la “falta de iluminación” y las “zonas oscuras” aumentaban el “riesgo de tropiezos” y, combinadas con los huecos sin protección, podían “propiciar caídas y accidentes”. El documento municipal también vinculaba la ocupación con un problema de salubridad. En concreto, advertía de la “presencia de sustancias peligrosas”, entre ellas “polvo de cemento, productos químicos, o moho”. El informe añadía a esa situación el “acopio de basuras y enseres varios”, algunos de ellos “incluso inflamables”. Todos estos factores también implicaban "un riesgo alto de incendio".

El informe añadía un último factor de agravamiento: la exposición del edificio a la intemperie. La estructura, según el arquitecto municipal, quedaba “a merced de la lluvia, viento o calor extremo”, circunstancias que podían “empeorar la peligrosidad y las condiciones de los usuarios no autorizados”. La conclusión técnica era inequívoca: la estructura “no reúne las condiciones mínimas de seguridad” ni de salubridad y habitabilidad para ser ocupada. Por ello, el arquitecto municipal propuso “el desalojo inmediato de los ocupantes de la estructura” y la adopción de medidas preventivas para impedir nuevas entradas, además de “prohibir el acceso de cualquier persona ajena”.

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