La Justicia ordena desalojar la estructura okupada de Cala de Bou por "riesgo mortal" para sus residentes

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ibiza, Plaza número 4, ha ordenado desalojar la estructura okupada de Cala de Bou por "riesgo mortal" para sus residentes, según el auto judicial al que ha tenido acceso Diario de Ibiza. La Guardia Civil ya ha pegado en el interior del edificio abandonado los carteles en los que se advierte de que, en cumplimiento del mandato judicial, el desalojo forzoso se llevará a cabo el próximo 24 de julio.

El pasado 23 de junio se celebró en Ibiza el juicio de este caso, que arrancó el 3 de abril de 2025, cuando los propietarios del edificio abandonado pusieron una denuncia ante la Guardia Civil en Sant Josep por un delito de okupación de inmuebles sin autorización ocurrido dos días antes. Adjuntaron al documento una grabación en la que se veía a dos hombres entrando con maletas para establecerse allí. Aquel día, se ponía en marcha este proceso que, a falta de resolución definitiva a través de sentencia judicial, ya ha llevado a la adopción de una medida cautelar que supondrá la expulsión del centenar de personas, aproximadamente, que residen allí en condiciones infrahumanas. El pasado 25 de junio, dos días después del juicio, el juez así lo dictaminó, estimando la petición de la propiedad.

"En modo alguno resulta razonable esperar a una futura sentencia, que devendría firme en meses, alargándose la agonía y los perjuicios de manera irrazonable. Sin duda hay riesgo de que los moradores del edificio vayan aumentando, pasando de decenas a centenares de personas, hacinadas en condiciones insalubres, desde hace más de un año, sin que las autoridades las disposiciones legales hayan permitido una solución. La urgencia se ha convertido ya en apremiante", argumenta el juez.

La estructura de Cala de Bou es un esqueleto de hormigón que lleva abandonado desde 2009, cuando se paralizaron las obras de construcción de un hotel con apartamentos de cuatro estrellas que iba a contar con 261 unidades de alojamiento y 534 plazas turísticas en total. Las okupaciones ilegales arrancaron enseguida y los propietarios judicializaron varios casos en 2013, pero ya no volvieron a interponer una denuncia hasta la del año pasado, que próximamente, 477 días después, culminará en el desalojo.

"Incremento exponencial" de residentes este año

Durante ese tiempo, se han realizado diligencias e informes, como uno demoledor del Ayuntamiento de Sant Josep, que permiten concluir al juez que en el edificio abandonado "se encontraban viviendo sin autorización alguna varias decenas de personas en condiciones de alta precariedad higiénica y de salud". "Hay claros indicios de delito de ocupación realizada por decenas de personas (unos de manera continuada desde hace años, otros, solo desde hace pocas semanas o meses). El número de personas que han entrado ha ido variando y se ha incrementado exponencialmente con la temporada estival de 2026", alerta el auto.

Además, el auto remarca que "existen indicios de que está ocupación del inmueble se habría realizado de manera sucesiva, continuada y con permanencia en el tiempo, accediendo sin violencia ni intimidación, no constituyendo todavía morada de alguna persona". Esa última mención es fundamental, ya que, en el momento que un okupa constituye su morada donde sea, ese lugar pasa a ser su espacio de privacidad provisional ante la ley y se complica en extremo la posibilidad de desalojarlo. En otro párrafo del auto, se insiste en que la estructura abandonada "no reúne las condiciones de seguridad, salubridad ni habitabilidad para ser morada".

"Ninguno de los moradores identificados en mayo de 2026 ha acreditado tener título legítimo alguno autorización del propietario. Se cumplen así los requisitos legales para acordar medidas cautelares", dice el auto, y cita entre esos requisitos la apariencia de la comisión de un delito, la ausencia de un título legitimador de los moradores y la existencia de un perjuicio para los legítimos propietarios, a los que da un tirón de orejas, igual que a las instituciones públicas, por no haber solucionado antes este caso: "Durante años, ninguna Administración concernida ha implementado medidas legales para paliar esta situación de manera eficaz, pudiendo existir de manera simultánea cierta dejadez por parte de la propiedad".

Quejas de los vecinos

El auto también hace constar las "reiteradas quejas por ruidos, delitos contra la propiedad, incendios, basuras", situaciones que "no pueden minusvalorarse", ya que convierten al edificio en "un foco de continuo malestar vecinal". "La recomendación de los técnicos de Sant Josep tras la inspección realizada hace más de un año era, sin duda alguna, el desalojo inmediato de los ocupantes de la estructura por los altos riesgos para la seguridad, salubridad y habitabilidad, existiendo riesgos para la salud de los moradores, incluido riesgo mortal", añade a su argumentación.

Por todo ello, el juez ordenó a la Guardia Civil que colocara carteles visibles en la edificación informando a los residentes de que" debían abandonarla voluntariamente antes del 24 de julio". "Se desalojará en esa fecha de manera forzosa a todo el que se encuentre en la edificación y se retirarán todos los enseres y tiendas", alerta. Además, también pidió "avisar a los servicios sociales del Ayuntamiento de Sant Josep para que adopte las medidas de información y prevención que estimen adecuadas, en coordinación, si fuera preciso, con otros servicios sociales competentes en la isla".