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Política

El PSIB-PSOE denuncia "opacidad" en el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca

Los socialistas aseguran que el Consell de Mallorca solo entregó la documentación tras el requerimiento del Consejo de Transparencia

"No sabemos cuántas cosas más nos están escondiendo", afirma la consellera Juana Maria Adrover

El PSIB-PSOE denuncia "opacidad" en el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca.

El PSIB-PSOE denuncia "opacidad" en el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca. / PSIB-PSOE

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Ibiza

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha denunciado que el presidente insular, Llorenç Galmés, ha mantenido oculto durante casi un año el expediente completo sobre la importación de residuos sólidos urbanos de Ibiza a Mallorca, pese a las reiteradas peticiones de la oposición en plenos, comisiones, preguntas escritas y solicitudes formales de acceso a la documentación. Según los socialistas, el expediente solo ha sido facilitado después de que el Consejo de Transparencia de España haya requerido al Consell que lo entregara a raíz de una denuncia presentada por el Grupo Socialista. El traslado debería haber comenzado ya, de hecho, desde el Consell de Ibiza han asegurado que está todo ya listo, a la espera únicamente del Consell de Mallorca.

La consellera socialista Juana Maria Adrover ha expresado además el apoyo de los socialistas a las reclamaciones de los vecinos de Palma y del GOB, que exigen detener cualquier traslado de residuos hasta que exista información pública completa y garantías ambientales y sanitarias.

Críticas a la falta de información

Adrover ha afirmado que esta situación confirma un patrón de conducta del presidente insular: "Galmés utiliza el Consell de Mallorca como si fuera de su propiedad. Obvia las normas mínimas de transparencia e impide la tarea democrática de control que marca la ley. Desde el inicio de legislatura, oculta información, no facilita el trabajo de la oposición y convierte la búsqueda y el control en un imposible". Ante esta situación, el Grupo Socialista ha tenido que acudir a organismos estatales de transparencia "para que obliguen al señor Galmés a cumplir la ley y a dar las herramientas necesarias a la oposición para hacer su trabajo".

Dos camiones en el vertedero en una imagen de archivo.

Dos camiones en el vertedero en una imagen de archivo. / J.A. Riera

La consellera ha remarcado que el caso de los residuos de Ibiza es "especialmente flagrante". "Hace más de un año que pedimos el convenio, la prueba piloto y la información mínima sobre las condiciones de importación. Lo hemos pedido en pleno, por escrito y con solicitudes de acceso al expediente. La respuesta siempre ha sido no, o simplemente no ha habido respuesta", ha denunciado.

Adrover ha advertido de que el gobierno insular ha rebajado las garantías medioambientales y de salubridad en el proceso de importación. "El conseller Bestard solo repetía que la basura no olería. Este ha sido el único término técnico que le hemos oído decir. Pero ahora sabemos que han rebajado las medidas medioambientales y permitirán una importación de residuos a granel, sin embalar como aconsejaban los mismos informes técnicos que han encargado. Es absolutamente reprobable y no sabemos cuántas cosas más nos están escondiendo de este negocio del señor Galmés", ha afirmado.

Apoyo a los vecinos y al GOB

La consellera ha expresado también el apoyo del Grupo Socialista a las reclamaciones de los vecinos de Palma y del GOB, que han exigido detener el plan piloto hasta que haya información pública completa, una evaluación de impacto ambiental y sanitario y un proceso de participación ciudadana con los barrios y municipios afectados. Adrover ha remarcado que "los vecinos de Son Sardina y las entidades ecologistas tienen toda la razón cuando reclaman garantías y transparencia. No se puede autorizar ningún traslado de residuos sin asegurar que no se dañará el entorno, que no habrá riesgos para la salud y que la ciudadanía podrá participar en las decisiones".

Según la consellera socialista, el presidente insular "está dispuesto a cualquier cosa para intentar rebajar la tasa de basura antes de acabar la legislatura, aunque eso implique poner en riesgo la salud pública, el medio ambiente y la transparencia institucional".

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