El GOB acude a los tribunales para frenar el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca

El GOB, en representación del frente común de entidades contrario al traslado de residuos de Ibiza a Mallorca, ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la adjudicación del contrato para el transporte de los desechos entre ambas islas. La organización ecologista considera que el procedimiento empleado para adjudicar el servicio presenta irregularidades y confía en que la vía judicial contribuya a frenar un proyecto que, a su juicio, supondrá un incremento de los impactos ambientales y económicos derivados de la incineración en Son Reus.

El anuncio se ha realizado este martes durante una rueda de prensa en la que han participado representantes del GOB, Terraferida, la Asociación de Vecinos de Son Sardina y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, además de otras entidades que respaldan la iniciativa, como Palma XXI o la asociación vecinal de Sa Indioteria. Según han explicado, ya son más de una veintena las asociaciones que se han sumado a este frente común y el objetivo es seguir incorporando nuevos colectivos en las próximas semanas.

La comparecencia se ha producido mientras el denominado plan piloto para trasladar residuos desde Ibiza sigue sin arrancar. Aunque el Consell de Ibiza tenía previsto iniciar los primeros envíos esta semana, el comienzo de la operativa continúa pendiente de la firma del convenio con el Consell de Mallorca, que asegura estar ultimando los trámites administrativos necesarios antes de autorizar el traslado.

Consecuencias de la llegada de residuos de Ibiza a la planta de Son Reus

La portavoz del GOB, Aina Lleuger, ha expresado la preocupación de la entidad por las consecuencias que tendría la llegada de residuos de Ibiza a la planta de Son Reus. "El traslado de residuos incrementa los impactos de la incineración y los alarga en el tiempo", ha afirmado. En este sentido, ha advertido de que la medida prolongará la actividad de unos hornos "que ya tendrían que estar cerrándose". Además, ha sostenido que la gestión de los residuos en Ibiza presenta una recogida selectiva más deficiente que la de Mallorca, de modo que alrededor del 80 % de los residuos recogidos corresponden a rechazo mezclado, precisamente el material que se pretende trasladar a la isla.

La ecologista también ha advertido de que ese residuo tiene un menor poder calorífico que el generado en Mallorca, por lo que su incineración produciría una mayor cantidad de cenizas y escorias. "Generará más cenizas y escorias y eso acortará la vida útil de los depósitos de seguridad", ha señalado. En su opinión, esta situación terminará repercutiendo económicamente en la ciudadanía mallorquina. "Se nos vende como una reducción de la tarifa, pero en realidad supone repartir los costes entre todos los ciudadanos. Es un fraude para Mallorca", ha afirmado.

El recurso contencioso-administrativo presentado por el GOB se dirige contra la adjudicación del contrato de transporte de los residuos, al considerar que se ha recurrido a un procedimiento negociado sin publicidad pese al volumen económico de la licitación. La entidad confía en que el proceso se haya tramitado de forma precipitada y que ello permita paralizar el proyecto por la vía judicial.

"Nos camuflan lo que no es una prueba piloto"

Durante la rueda de prensa también ha intervenido Joan Mateos, portavoz del frente común, quien ha cuestionado que la iniciativa pueda calificarse como una simple prueba piloto. "Nos camuflan lo que no es una prueba piloto", ha asegurado. Según ha explicado, la licitación contempla un contrato inicial de 2,7 millones de euros, prorrogable anualmente hasta alcanzar un importe máximo de 24 millones. "Eso tiene muy poco de prueba piloto", ha criticado.

Asimismo, ha rechazado que exista la urgencia alegada por las administraciones para justificar el procedimiento. En este sentido, ha recordado que la documentación técnica del expediente sitúa el final de la vida útil del vertedero de Ca na Putxa en torno al año 2030, por lo que ha considerado injustificado recurrir a una tramitación excepcional. "Han puesto en marcha un procedimiento para solventar un problema que han creado ellos mismos", ha manifestado.

El portavoz ha insistido en que la oposición al proyecto no responde a una falta de solidaridad con Ibiza. "No queremos que se diga que somos insolidarios. Lo que reclamamos es que Ibiza disponga de una planificación adecuada para gestionar sus propios residuos y no que se convierta Mallorca en la solución permanente a ese problema", ha señalado.

Impacto ambiental del transporte

Las entidades también han cuestionado el impacto ambiental del transporte. Han recordado que el convenio permite trasladar los residuos a granel, aunque recomiende embalarlos, y han alertado del riesgo de malos olores y otras molestias durante el trayecto marítimo y terrestre. "No tiene ningún sentido coger un residuo en Ibiza, meterlo en un barco, traerlo a Mallorca en camión y llevarlo hasta Son Reus", ha lamentado Joan, quien ha advertido del aumento de la huella de carbono que supondrá toda la operativa.

Además de rechazar la importación de residuos, el frente común ha reclamado el cierre de los dos hornos más antiguos de la incineradora de Son Reus, que este año cumplen tres décadas de funcionamiento, y ha anunciado que combinará la estrategia judicial con nuevas movilizaciones ciudadanas. "Seguiremos actuando tanto desde el punto de vista reivindicativo como desde el judicial", ha avanzado, sin desvelar el calendario de las protestas para "guardar el factor sorpresa".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Son Sardina, Agustina Fernández, ha exigido la paralización inmediata de cualquier actuación vinculada al plan piloto hasta que exista información completa sobre el proyecto, una evaluación de impacto ambiental y sanitario y un proceso de participación ciudadana. También ha reclamado que los 50 millones de euros previstos por el Govern se destinen a implantar sistemas de recogida puerta a puerta en Ibiza y Formentera, en lugar de financiar el transporte de residuos entre islas, así como la creación de una comisión de seguimiento que garantice la transparencia del proceso y el desarrollo de un plan director de residuos para Ibiza que evite que el traslado a Mallorca termine convirtiéndose en una solución permanente. Entre las principales preocupaciones vecinales, ha destacado "el riesgo de malos olores y el colapso" que podría generar la llegada de nuevos residuos a Son Reus.

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