Luz verde para edificar en suelo rústico en toda la isla de Ibiza menos en Sant Joan

El PP ha logrado aprobar en los plenos celebrados en Ibiza, Sant Josep, Sant Antoni y Santa Eulària la moción que permite a estos municipios adherirse a las leyes aprobadas en 2024 y 2025 por el Govern balear para luchar contra el problema de la vivienda y que les autoriza para la obtención de suelo rústico común, con la categoría de área de transición y que sea susceptible de desarrollo, mediante los llamados Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE).

El objetivo de esta recalificación de amplias extensiones de terreno hasta ahora inedificable es aumentar la capacidad edificatoria para levantar viviendas a precio limitado dando prioridad a los residentes.

Solo los equipos de gobierno de Vila y Sant Josep (todos están gobernados por el PP) han aportado algún detalle más sobre la forma en que aplicarán esta nueva herramienta urbanística. La idea de todos (Sant Joan no cumple la premisa de tener más de 20.000 habitantes) es clara: «Necesitamos crear suelo para aumentar la oferta de viviendas para residentes».

Los ediles del PSOE han dejado bien clara su radical oposición a esta iniciativa en todos los plenos, con acusaciones de «pelotazos urbanísticos» y de «falta de previsión» urbanística en los últimos años.

Vila

Así, el pleno del Ayuntamiento de Ibiza ha dado el visto bueno a la iniciativa con el voto en contra de UP y PSOE. El edil de Urbanismo, Juan Flores, ha defendido su aprobación como solución «de emergencia» ante «la prioridad residencial» que se vive en el municipio, ya que con estos PRE «se agilizan los procedimientos administrativos» para conseguir más suelos urbanizables.

Concretamente, en tres ámbitos de actuación situados en áreas de transición próximas a suelo urbano desarrollado: sa Punta (54.104 m² en total), sa Joveria (150.612 m²) y Cas Serres (32.007 m², en la avenida de Sant Jordi, hacia la E-20). El próximo paso será iniciar los estudios de detalle correspondientes, que permitirán conocer las estimaciones del número de viviendas a precio limitado (VPL) y para residentes que se podrán construir en estas zonas.

Se trata, ha afirmado Flores, de superficies que no son «áreas forestales, que llevan años llenas de basura» y en las que hace lustros que no hay actividad agrícola. También ha indicado que se cambiará uno de los requisitos indispensables para optar a una vivienda en esas zonas: en vez de cinco años de residencia, se exigirán «10 o 15 años», de manera que solo puedan optar a ellas los habitantes de la isla.

Para la edil de Unidas Podemos, Guadalupe Nauda, los PRE son «pelotazos urbanísticos camuflados». Incluso ha aventurado que algunas de las VPL previstas pueden ser «para amigos de su gobierno [del PP]». También ha insistido en que «la solución no es construir más», pues ya existen «suficientes viviendas en la ciudad» vacías. En cuanto a que esos terrenos sean improductivos, ha afirmado que «hay un cabrero» que pasea su ganado por uno de esos ámbitos.

Para los socialistas, el PP está «justificando una nueva expansión urbanística» en la que los promotores privados podrán «poner excusas de viabilidad económica» para que haya un 25% «o más» de vivienda a precio de mercado, ha afirmado Jordi Salewski. Con esa misma justificación, ha asegurado que el 50% que se debería dedicar al alquiler también podría peligrar: «Es un cheque en blanco al urbanismo, a la destrucción de territorio», que supondrá un incremento «de 5.000 habitantes más, como mínimo» en el municipio.

Salewski ha recordado que el actual plan urbanístico «recoge que el 30% de los inmuebles construidos deben ser viviendas de protección oficial (VPO), no VPL», que «ya hay suelos urbanos pendientes de construir» y que «no hay agua suficiente» para tanto habitante. Como Nauda, sospecha que se trata de un episodio de «especulación urbanística».

Sant Josep

Durante el pleno josepí, el propio alcalde, Vicent Roig, del PP, como el resto, ha explicado que endurecerán los requisitos para acceder a las VPL (ver página 5) y fijará una residencia mínima en las islas de diez años para acceder a ellas, frente a los cinco que marca la ley balear. El alcalde recuerda que los precios en estos PRE ya están marcados, en función de la etiqueta energética de los pisos, con una media de 3.200 euros el metro cuadrado en Sant Josep. Para comparar, ha hecho referencia al último informe de Idealista, que eleva el promedio de la vivienda libre hasta los 7.751 euros por metro cuadrado en este municipio.

Así, un piso de 40 metros se vendería por 128.000 euros o se alquilaría por 520 euros mensuales, la mitad que en el caso de los de 80 metros cuadrados. Cabe tener en cuenta que las futuras promociones deben reservar un mínimo del 50% de las casas al alquiler.

A falta de conocer terrenos concretos, que deberán estar definidos dentro de seis meses antes de empezar a tramitar las licencias, todo el suelo rústico que se habilite con esta herramienta se encuentra en los núcleos de Cala de Bou, Port des Torrent, Sant Josep, Sant Jordi y Platja d’en Bossa.

En el resto del municipio, las Normas Subsidiarias solo permiten viviendas unifamiliares, mientras que los PRE solo posibilitan los bloques de plurifamiliares.

Santa Eulària

En la propuesta de resolución aprobada en Santa Eulària, el equipo de gobierno ha explicado que «el 100% de la edificabilidad residencial prevista se tendrá que destinar a algún régimen de protección pública». (ver página 6). Además, ha puesto una excepción: «Al menos un 50% de las viviendas pueden destinarse al alquiler, por la falta de viviendas de alquiler en la isla, mientras que se prohíbe la construcción de viviendas unifamiliares», ha asegurado la concejala de Servicios Territoriales, María Cristina Tur.

Sant Antoni

El equipo de gobierno que preside el también popular Marcos Serra se ha limitado a aprobar la iniciativa, sin ofrecer más detalles sobre cómo y dónde la aplicará; tampoco han aportado detalles relacionados con el límite de años que debe acumular de residencia en la isla quien quiera optar a uno de estos pisos (ver página 7).

Los proyectos de Vila

Además, el pleno aprobó, esta vez por unanimidad, la propuesta de acuerdo para ampliar los plazos de ejecución de los proyectos residenciales en Can Partit-sa Capelleta, ses Canyes, ses Figueretes, es Pratet/es Prat de Vila, incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea con los fondos Next Generation EU. El equipo de gobierno alega «dificultades para ejecutar obras dentro de los plazos inicialmente previstos» ante lo complicado que es «encontrar empresas que asuman nuevos proyectos» y debido a «más retrasos» originados «por las condiciones meteorológicas» y la dificultad para que lleguen suficientes suministros «desde la Península». Así, se amplía el plazo ejecución hasta el 30 de junio de 2028 y el de justificación, hasta diciembre de 2028.

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