Vivienda en Ibiza: Sant Josep exigirá 10 años de residencia para acceder a las futuras VPL en suelo rústico

El Ayuntamiento de Sant Josep endurecerá los requisitos para acceder a las Viviendas de Precio Limitado (VPL) y fijará una residencia mínima en las islas de diez años para acceder a ellas, frente a los cinco que marca la ley balear. Así lo ha avanzado este jueves el alcalde, Vicent Roig, tras dar luz verde el pleno municipal a la recalificación de suelo para construir pisos asequibles en las denominadas áreas de transición, como se denomina a los terrenos rústicos colindantes a los urbanos.

El equipo de gobierno del PP ha sacado adelante esta medida de "respuesta a la situación de emergencia residencial" gracias al apoyo de la concejala de Vox, Araceli Colomar, mientras que PSOE, Ara Eivissa y Unidas Podemos han votado en contra porque incrementa la presión en suelo rústico y favorece intereses particulares de los promotores. La exconcejala de Vox, Raquel Ripoll, se ha sumado al rechazo de la izquierda: "No hace falta más ladrillo y tenemos recursos limitados".

El portavoz del PSOE, Vicent Roselló, también ha criticado que el año pasado, cuando se aprobó la Ley 4/2025 que posibilita estos proyectos residenciales estratégicos (PRE), el presidente del Consell, Vicent Marí, afirmara que su desarrollo en áreas de transición se iba a limitar "a Mallorca". Además, lamenta que se apueste por la fórmula de VPL de promoción privada, que "es entre un 30 y un 40% más cara que la Vivienda de Protección Oficial".

Características

El alcalde ha destacado que los precios en estos PRE ya están marcados, en función de la etiqueta energética de los pisos, con una media de 3.200 euros el metro cuadrado en Sant Josep. Para comparar, ha hecho referencia al último informe de Idealista, que eleva el promedio de la vivienda libre hasta los 7.751 euros por metro cuadrado en este municipio.

Así, un piso de 40 metros se vendería por 128.000 euros o se alquilaría por 520 euros mensuales, la mitad que en el caso de los de 80 metros cuadrados. Cabe tener en cuenta que las futuras promociones deben reservar un mínimo del 50% de las casas al alquiler.

A falta de conocer terrenos concretos, que deberán estar definidos dentro de seis meses antes de empezar a tramitar las licencias, todo el suelo rústico que se habilite con esta herramienta se encuentra en los núcleos de Cala de Bou, Port des Torrent, Sant Josep, Sant Jordi y Platja d'en Bossa. En el resto del municipio, las Normas Subsidiarias solo permiten viviendas unifamiliares, mientras que los PRE solo posibilitan los bloques de plurifamiliares.

La iniciativa privada

El número total de viviendas y su ubicación concreta dependerán de la iniciativa privada. No obstante, el Ayuntamiento destaca que obtendrá el 15% del suelo en cada una de estas promociones, que la propia Administración podrá destinar a vivienda de protección.

En las áreas de transición que se reconviertan en urbanizables exclusivamente se podrá construir VPL. Por otra parte, la ley también contempla que se pueda desarrollar un PRE en un suelo que ya es urbano. En este último caso, para intentar aumentar la oferta a precio reducido, se permite que el promotor aumente la edificabilidad del terreno en un 50% pero, a cambio, debe reservar la mitad de las casas a VPL y el resto puede destinarlas al mercado libre.

Roig ha incidido en que todo el desarrollo que se permitirá en las actuales áreas de transición "no incrementa la población ni el consumo de recursos. Son viviendas para nuestros vecinos, que ahora no se pueden independizar de sus padres, están obligados a compartir piso o a pagar alquileres abusivos".

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