Santa Eulària aplicará la ley balear para crear suelo residencial: "Un piso mediano tendrá un precio de 350.000 euros. ¿Qué familia que paga un alquiler puede adelantar el 20% de esa cantidad?"

"Nos adherimos a una medida muy importante del Govern, los proyectos residenciales estratégicos, que tiene como único objetivo acelerar la creación de suelo mediante la simplificación de los trámites administrativos", afirma la concejala de Servicios Territoriales, María Cristina Tur Colomar, durante el pleno de Santa Eulària de junio, en el que el PP, con la abstención de Vox, ha aprobado impulsar la aplicación de la Ley 4/2025 de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos en las Islas Baleares.

"Los municipios que se pueden acoger a esta medida son los que tienen más de 20.000 habitantes y solo se puede aplicar a suelo rústico común en categoría de área de transición", recuerda la concejala: "Santa Eulària cumple con esto, además de tener áreas de transición que tienen que cumplir una serie de requisitos, no vale cualquier área". El área tiene que ser: "Suelo rústico común, estar en áreas de transición, no puede estar en zonas inundables, ni en zonas de flujo preferente. Tienen que ser colindantes a tramas urbanas y núcleos existentes con un uso residencial plurifamiliar, y no puede estar en suelo destinado a servicios o colindantes a suelo industrial. Además, no todas las zonas resultarán adecuadas porque se tienen que hacer estudios de integración paisajística". Tur explica que lo más importante de esta medida "no es lo que dispone la Ley, sino que al final serán viviendas para gente de aquí": "Necesitamos crear suelo para aumentar la oferta de viviendas para residentes".

Sobre la protección del medio ambiente afirma: "Eso es compatible con proteger el territorio, puesto que no estamos consumiendo más suelo, sino que ya son suelos que estaban destinados a ello o que ya estaba previsto un crecimiento de suelo y que se destinaría a vivienda", asegura la concejala. En la propuesta de resolución, este Ayuntamiento manifiesta que "un 100% de edificabilidad residencial prevista se tendrá que destinar a algún régimen de protección pública". Además, ponen una excepción: "Al menos un 50% de las viviendas pueden destinarse al alquiler, por la falta de viviendas de alquiler en la isla, mientras que se prohíbe la construcción de viviendas unifamiliares", asegura Tur. En cualquier caso, "no es una solución inmediata, pero sí una solución para obtener vivienda para los residentes, que lleven mínimo cinco años aquí, y que puede que en un futuro se pueda aumentar. No es para que la gente venga a Ibiza, sino que la gente de Ibiza pueda hacer aquí sus proyectos familiares", sostiene la concejala.

Críticas a la propuesta

"Esto demuestra una falta de planificación urbanística: como no se reservó suficiente suelo para construir viviendas públicas y privadas, ahora por culpa de esto, además de la especulación, hoy nos traen un cheque en blanco. No nos dicen dónde se harán los pisos, como sí hace la ciudad de Ibiza, son algo más transparentes", lamenta Alan Ripoll, concejal del grupo municipal socialista. "Estas viviendas serán viviendas de precio limitado (VPL), que son un 30% más caras que las viviendas de protección oficial (VPO) en el caso del alquiler. En el caso de la venta, un piso mediano tendrá un precio de 350.000 euros", sostiene Ripoll: "¿Qué familia que está pagando un alquiler de 1.000, 1.200, 1.800 euros tiene el dinero para poner el 20% de esa cantidad?".

"Además, todo esto es suelo rústico que se podría urbanizar o no urbanizar. Lo ideal sería que no se urbanizara", considera el socialista: "El tope de población que tiene Ibiza ya se ha sobrepasado hace mucho tiempo y si se sigue subiendo, tendremos que poner calles, parques, sitio donde aparcar, centros de salud...".

La concejala de Vox, Paula Salsoso, por su parte, manifiesta: "¿Cómo se garantizará que estas viviendas lleguen, efectivamente, a las personas que tienen dificultades para llegar al mercado residencial? ¿Qué incentivo tendrá una empresa promotora de construir estas viviendas, dado el precio de los materiales, impuestos...?".

Justificación del equipo de gobierno

"Desde el Ayuntamiento no marcamos las áreas porque estas ya están marcadas desde el Plan Territorial Insular, desde las normas subsidiarias y con las limitaciones que pone la Ley, no quedan muchos lugares donde crecer. No las marcamos, porque hay que hacer un trabajo previo, pero los lugares aptos ya están marcados, por lo que ya tienen también los servicios necesarios", argumenta Tur: "Lo que no está previsto es que regularicemos de repente a no sé cuántos millones de personas".

Tur recuerda que estas viviendas son para residentes, "no para gente vulnerable. Eso es trabajo del Ibavi". "La gente de aquí que tiene dos sueldos y que quiera emanciparse, tiene que poder hacerlo", comenta la popular.

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