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Ley de Costas

Limitar la velocidad de los barcos cerca de la costa y proteger las casetas varadero: el Govern aprueba en Ibiza su primera Ley de Costas

La nueva norma dará más capacidad a los ayuntamientos para gestionar las playas

El Govern pedirá cambiar los deslindes que afectan a las Pitiusas

El ibicenco Antoni Costa Costa, vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación; Marga Prohens, presidenta del Govern de les Illes Balears y Juan Manuel Lafuente Mir, conseller del Mar y del Ciclo del Agua

El ibicenco Antoni Costa Costa, vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación; Marga Prohens, presidenta del Govern de les Illes Balears y Juan Manuel Lafuente Mir, conseller del Mar y del Ciclo del Agua / Marcelo Sastre

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Carolina Avilar

Carolina Avilar

ibiza

Durante la primera rueda de prensa del Consell de Govern celebrado en Ibiza, en el antiguo Ayuntamiento de Dalt Vila, el ejecutivo balear ha presentado diferentes medidas de alcance autonómico. Entre ellas, una de las que tuvo mayor peso político fue la Ley de Costas. El Govern ha aprobado el proyecto de la primera ley autonómica en esta materia, una norma que regulará de forma integral la ordenación, protección y gestión del litoral balear tras el traspaso de competencias del Estado a la comunidad autónoma en 2023. El texto será remitido ahora al Parlament para iniciar su tramitación.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, defiende que "Baleares necesitaba una ley propia para adaptar la gestión de la costa a la realidad de un archipiélago con más de 1.500 kilómetros de litoral". Según explica, el objetivo es equilibrar la protección del litoral con la actividad humana y económica que se "desarrolla en la costa".

La futura norma repartirá las competencias entre administraciones. Además, el Govern fijará las directrices generales; los consells insulares elaborarán los instrumentos de ordenación y los planes de servicios de temporada, y los ayuntamientos asumirán una gestión más directa de sus playas y de determinadas autorizaciones.

Más poder para los ayuntamientos

Uno de los principales cambios será que los ayuntamientos podrán tramitar autorizaciones sencillas vinculadas al uso de las playas, una medida con la que el Govern pretende agilizar la gestión y acercar la toma de decisiones al territorio. Por otro lado, el conseller del Mar, del Ciclo del Agua y del Litoral, Juan Manuel Lafuente, explica que la ley busca "clarificar" las competencias de cada administración, simplificar procedimientos y fijar un plazo máximo de "dos meses para la emisión de informes sectoriales".

La norma también diferenciará entre playas urbanas, naturales y de especial protección, con criterios específicos sobre accesos, aparcamientos y servicios de temporada. Estos deberán ajustarse a parámetros de sostenibilidad, calidad y conservación.

Protección del patrimonio litoral

En la misma línea, la ley incorpora la protección del patrimonio litoral tradicional mediante la creación de registros insulares para conservar elementos como casetas de varadero, muelles y otras construcciones vinculadas a la cultura marinera balear.

El texto también refuerza la evaluación ambiental de las actuaciones en la costa e incluye la adaptación al cambio climático como uno de los ejes de la planificación del litoral. Otra de las novedades destacadas es la limitación de velocidad junto a la costa. Las embarcaciones de más de doce metros de eslora y las motos acuáticas no podrán superar los diez nudos dentro de la franja de una milla marina desde la costa. En este sentido, la futura ley también actualizará el régimen de inspección y sanciones, incorporará nuevas infracciones y reforzará la capacidad de actuación frente a ocupaciones ilegales o actividades irregulares en el dominio público marítimo-terrestre.

Durante la presentación, Prohens ha vuelto a reclamar al Gobierno central una reforma de la Ley estatal de Costas, al considerar que la normativa vigente no responde a las necesidades específicas de Baleares. Lafuente subraya que "el texto autonómico respeta el reparto competencial con el Estado, pero permitirá una gestión más ágil y adaptada al archipiélago".

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