Costas
Una moratoria para dos chiringuitos tradicionales de Ibiza: la petición de Santa Eulària en el Senado
La alcaldesa Carmen Ferrer pide frenar las demoliciones que amenazan a dos negocios del municipio mientras se busca una solución jurídica
La playa de Cala Llonga en plena temporada turística. / J.A. Riera
Añádenos en GoogleLa alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, ha reclamado este miércoles en el Senado una moratoria para los establecimientos tradicionales del litoral que se ven amenazados por la política de Costas del Gobierno de España. La petición se ha producido durante el debate de una moción impulsada por el Grupo Popular en defensa de las actividades tradicionales vinculadas a la costa y del patrimonio social, cultural y económico de los municipios litorales.
Ferrer ha estado acompañada por el senador Miquel Jerez y por otros alcaldes y alcaldesas de diferentes municipios costeros afectados por la aplicación de la normativa. Antes del debate, los representantes municipales mantuvieron una reunión con la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, para abordar la situación de numerosos establecimientos amenazados por expedientes de demolición o por la incertidumbre derivada de la actual política de Costas.
La moción debatida reclama la paralización de actuaciones irreversibles sobre actividades tradicionales del litoral mientras se revisa el marco normativo actual. También defiende la seguridad jurídica, la confianza legítima y la cooperación entre administraciones, así como la compatibilidad entre la protección medioambiental y la preservación de actividades que forman parte de la identidad de los municipios costeros.
Las demoliciones que amenazan a dos establecimientos en Cala Llonga, si se ejecutan, no tendrán marcha atrás. Es vital establecer una moratoria que permita abrir un espacio de diálogo
Carmen Ferrer ha señalado que se pide “algo tan razonable” como detener decisiones que no tendrían vuelta atrás. “Las demoliciones que amenazan a dos establecimientos en Cala Llonga, si se ejecutan, no tendrán marcha atrás. Es vital establecer una moratoria que permita abrir un espacio de diálogo y de reflexión antes de seguir avanzando por un camino que amenaza con hacer desaparecer parte de la historia de nuestros pueblos”, ha afirmado.
Carmen Ferrer, en el cejntro junto a Miquel Jerez y Alicia García. / PP
“No son una construcción más”
La alcaldesa ha defendido que estos negocios “no son una construcción más” para Santa Eulària. “Estamos hablando de negocios familiares que llevan décadas formando parte de la vida del municipio, de nuestra oferta turística y de la memoria colectiva de miles de personas”, ha señalado. Ferrer ha insistido en que quienes conocen Santa Eulària saben que se trata de elementos que forman parte de la identidad local y que, por tanto, merecen “un tratamiento distinto al de cualquier otro expediente administrativo”.
Ferrer ha subrayado que la defensa del medio ambiente y la protección del patrimonio tradicional son objetivos compatibles. “Lo que se necesita únicamente es voluntad política para buscar puntos de encuentro. No se puede gestionar el litoral exclusivamente desde una perspectiva burocrática, ignorando la realidad de los municipios que llevan generaciones conviviendo y cuidando su costa. Lo que pedimos es diálogo, sensibilidad y sentido común”, ha añadido.
La alcaldesa también ha valorado que la reflexión sobre el litoral reciba apoyo de grupos parlamentarios de distinta orientación política. A su juicio, esta mayoría transversal demuestra que existe una parte amplia de la sociedad que reclama soluciones y seguridad jurídica para proteger “un modelo de economía familiar crucial” y un posicionamiento turístico basado en las familias y la diversidad natural.
“Una llamada al sentido común”
Por su parte, el senador Miquel Jerez ha afirmado que la reivindicación de los alcaldes costeros es “una llamada al sentido común” frente a una política basada en la “rigidez burocrática”. Jerez ha sostenido que la presencia en el Senado de alcaldes de distintos puntos del litoral español demuestra que no se trata de casos aislados, sino de una preocupación generalizada por una política de Costas que genera inseguridad jurídica.
El senador ha defendido que la moratoria es una medida urgente para evitar daños irreparables, aunque ha advertido de que la solución definitiva pasa por reformar la Ley de Costas. En este sentido, ha reclamado la tramitación en el Congreso de la proposición de ley presentada por el Partido Popular, una iniciativa que, según ha señalado, permitiría aportar seguridad jurídica, reconocer las singularidades de los municipios costeros y proteger actividades tradicionales vinculadas al patrimonio social y económico del litoral
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