Casi 15 millones de metros cuadrados en suelo rústico de Ibiza podrán acabar urbanizados, denuncia el PSOE sobre la nueva norma territorial impulsada por el PP

Un total de 14.600.000 metros cuadrados de suelo rústico de Ibiza, Santa Eulària, Sant Josep y Sant Antoni podrían destinarse a la construcción de "miles" de pisos al amparo de la nueva norma territorial impulsada por el PP, según ha denunciado el PSOE, que sostiene que la medida favorecerá el "negocio privado y la especulación inmobiliaria" y no a las personas con necesidad de vivienda.

La portavoz del Grupo Socialista en el Consell de Ibiza y secretaria general del PSOE de la ciudad de Ibiza, Elena López Bonet, ha comparecido junto a representantes socialistas de varios municipios para alertar de los efectos de esta norma. "El PP quiere hacer creer a la población que sus medidas solucionarán el problema de la vivienda, pero no es más que un teatro, una nueva excusa para destruir territorio, para especular inmobiliariamente y para poner viviendas a disposición de aquellos que se lo pueden permitir, y no de quien realmente lo necesita", ha afirmado López Bonet, quien además ha explicado que estos pisos de supuesto "precio limitado" serán entre un 30% y un 40% más caros que las viviendas de protección pública.

La portavoz socialista ha cuestionado quién podrá acceder a estos inmuebles y ha asegurado que "el único que en tres años ha adquirido una vivienda de estas características es el alcalde Triguero". También ha denunciado que la adjudicación quedará en manos de los promotores y no de organismos públicos como el Ibavi, y que una parte de las promociones podrá destinarse al mercado libre, con pisos de lujo.

El PSOE considera que esta maniobra urbanística supone un "cheque en blanco" a los especuladores. Según los socialistas, salvo en la ciudad de Ibiza, el PP no ha limitado qué áreas de suelo rústico de transición se verán afectadas, de modo que todas quedarían disponibles para la construcción. El partido también denuncia que ninguno de los cuatro municipios ha valorado el impacto territorial y paisajístico de la medida ni sus efectos sobre los núcleos urbanos, los servicios y las infraestructuras existentes y futuras.

López Bonet ha rechazado asimismo la supuesta inmediatez de la medida. "No será inmediato porque es evidente que es imposible construir viviendas en suelo rústico de manera inmediata, donde ahora hay campo. Se necesita disponer de muchas otras cosas, como red de agua, saneamiento, alumbrado o calles, infraestructuras que el suelo rústico no tiene. Por tanto, la inmediatez es una mentira", ha subrayado.

Impacto por municipios

En la ciudad de Ibiza, la medida supondrá, según el PSOE, consumo de suelo rústico mientras sigue pendiente consolidar una ciudad habitable y existe el riesgo de que falten espacios para futuros equipamientos como escuelas y centros de salud. López Bonet ha recordado que el planeamiento general, aprobado definitivamente hace solo tres años, ya prevé ámbitos de crecimiento y que existen ocho unidades de actuación que podrían desarrollarse sin recurrir a esta herramienta urbanística: es Pratet, Ibiza Centre, Besora, sa Joveria, Can Sant, sa Punta, sa Bassa Roja y Talamanca.

Los suelos de transición afectarían en la ciudad al crecimiento del paseo marítimo y Talamanca, a los alrededores de la E-20, como Can Fita, Can Bufí y la zona próxima de Puig d’en Valls, así como a los alrededores de Cas Mut y Can Misses y a los barrios de Cas Serres y Platja d’en Bossa. El riesgo, según López Bonet, es "continuar extendiendo la ciudad sin resolver los problemas de acceso real a la vivienda, de movilidad y de servicios que ya sufren miles de residentes".

En Santa Eulària, el portavoz socialista, Alan Ripoll Ribas, ha afirmado que "esta propuesta es el reconocimiento del fracaso de 50 años de políticas urbanísticas del PP en Santa Eulària". Según Ripoll, el PP ha sido "incapaz de construir ni una sola vivienda de protección oficial en el municipio en casi 50 años". En este municipio, pendiente de la aprobación de sus planes parciales, la medida afectaría a Puig d’en Valls, Jesús y Talamanca, Ca na Negreta, Can Fornet, Santa Gertrudis, Cala Llonga, Roca Llisa, Santa Eulària, s’Argamassa y es Canar, Cala Llenya, Sant Carles y es Figueral, permitiendo construir sobre 6.000.000 de metros cuadrados de suelo rústico.

En Sant Josep, la portavoz socialista, Pilar Ribas Torres, ha denunciado que el equipo de Vicent Roig se suma al plan de crecer en suelo rústico en lugar de avanzar con las normas previstas. Según el PSOE, la medida abrirá la puerta a la construcción en más de 5.700.000 metros cuadrados en Sant Josep, Sant Agustí, Cala de Bou, Sant Jordi de ses Salines y Sant Francesc de s’Estany. Ribas advierte de que se incentivará la revalorización especulativa de los terrenos y la dispersión residencial, con más dependencia del vehículo privado, mayores costes de mantenimiento de infraestructuras y más presión sobre recursos como el agua, los equipamientos o la depuración. La portavoz ha recordado que Sant Josep consume el 100% de agua desalada.

En Sant Antoni, la concejala Verónica Lorente Costa ha señalado que, mientras el municipio intenta definir desde hace años un nuevo modelo urbanístico mediante su planeamiento general, la norma autonómica permitiría desarrollos al margen de la planificación diseñada por el municipio. La medida afectaría a áreas como Can Coix, sa Serra o ses Variades, entre otras, y supondría, según Lorente, un cheque en blanco para construir sobre 2.700.000 metros cuadrados de suelo rústico.

Críticas al modelo del PP

El PSOE denuncia que el PP, "lejos de limitar la especulación inmobiliaria", provocará el efecto contrario. Los socialistas sostienen que no se han impulsado medidas eficaces e inmediatas para facilitar el acceso a la vivienda de trabajadores, trabajadoras y jóvenes residentes, como la limitación de los precios del alquiler, ni se ha reforzado la rehabilitación y recuperación del parque residencial existente.

El partido también afirma que el modelo planteado no garantiza que las nuevas promociones queden al margen de la dinámica especulativa del mercado insular, ya que combina viviendas de precio limitado sin control público sobre las adjudicaciones con viviendas de precio libre. "Y ya sabemos en manos de quién acaban estas viviendas; si no, que lo explique el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero", ha señalado Elena López Bonet.

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