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Fiestas

Se enfrenta a una multa de hasta un millón de euros por bengalas de una fiesta que provocaron un incendio en Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha remitido la documentación al Govern balear, que deberá valorar si inicia un procedimiento sancionador

Restos de las bengalas que presuntamente ocasionaron el incendio.

Restos de las bengalas que presuntamente ocasionaron el incendio. / Ayuntamiento de Santa Eulària

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Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha iniciado un expediente para esclarecer las posibles responsabilidades administrativas derivadas de un incendio forestal declarado en la madrugada del pasado 1 de junio en la urbanización de Roca Llisa. Según la información recabada, el fuego habría tenido su origen, presuntamente, en el lanzamiento de material pirotécnico desde una vivienda situada en la zona de la calle París, donde se estaba celebrando una fiesta privada.

El incendio se comunicó al servicio de emergencias poco antes de las dos de la madrugada y afectó a una zona de vegetación forestal de unos ocho metros cuadrados, situada junto a la parcela desde la que, según diversos testimonios recogidos por la Policía Local, se estaban lanzando bengalas y otros artefactos pirotécnicos. La intervención de los servicios de emergencia y la actuación de varios vecinos permitieron controlar el fuego sin que se produjeran daños personales.

Restos de pirotecnia en la zona afectada

Durante la inspección realizada en el lugar, los agentes localizaron restos de material pirotécnico tanto en la zona afectada por el incendio como en el interior de la finca desde donde presuntamente se habrían efectuado los lanzamientos.

Los informes elaborados por la Policía Local y por técnicos de Medio Ambiente concluyen que existe una relación directa entre el uso de estos artefactos y el origen del fuego. También señalan que los hechos se produjeron en el marco de una celebración desarrollada dentro de una propiedad privada.

A partir de estas conclusiones, se investiga la posible responsabilidad administrativa por el presunto incumplimiento de las obligaciones de vigilancia, control y adopción de medidas de seguridad exigibles a los responsables de la actividad que se desarrollaba en la finca.

Incendio ocasionado en Roca Llisa

Incendio ocasionado en Roca Llisa / Ayuntamiento de Santa Eulària

El expediente pasa ahora al Govern balear

El Ayuntamiento ha acordado remitir toda la documentación a la dirección general de Medio Natural y Gestión Forestal del Govern de les Illes Balears, que deberá valorar la apertura del correspondiente expediente sancionador. Según la normativa vigente, si durante la instrucción del procedimiento se concluye que los hechos generaron un peligro para las personas, las viviendas o las infraestructuras próximas, la conducta podría ser considerada una infracción muy grave, con sanciones de entre 100.001 euros y un millón de euros.

El incendio se produjo en una zona considerada especialmente sensible, donde una amplia masa forestal convive con áreas residenciales de la urbanización de Roca Llisa y con infraestructuras estratégicas para la isla, como el área ambiental de Ca na Putxa, donde se gestionan los residuos de Ibiza.

Una zona forestal junto a viviendas e infraestructuras estratégicas

En caso de que no se den las circunstancias necesarias para calificar los hechos como infracción muy grave, podrían ser considerados una infracción grave, de acuerdo con el artículo 67.3.c de la Ley 43/2003, de Montes. Este precepto sanciona el uso del fuego o la realización de actividades prohibidas cuando provoquen daños en terrenos forestales o generen un riesgo grave para las personas o los bienes.

Además, la normativa autonómica de las Illes Balears, concretamente el Decreto 125/2007 de regulación del uso del fuego, prohíbe expresamente el lanzamiento de objetos inflamables o artefactos susceptibles de originar incendios forestales, así como cualquier actividad capaz de provocar fuego en terrenos forestales o en sus zonas colindantes.

Las infracciones graves pueden ser sancionadas con multas de entre 1.001 y 100.000 euros, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos investigados en materia de actividades, seguridad o protección del medio natural.

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