Multazo de 300.000 euros a la última macrofiesta ilegal de Ibiza: Sant Antoni inicia el expediente sancionador

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha abierto una propuesta de expediente sancionador por la macrofiesta ilegal celebrada en una finca del Camí Vell de Sant Mateu, entre Buscastell y Sant Mateu, el pasado 10 de junio, tal y como han confirmado la primera teniente de alcalde y concejala de Seguridad Ciudadana del municipio, Neus Mateu Roselló, y el alcalde, Marcos Serra, durante el balance del tercer año de legislatura del equipo de gobierno municipal.

Los hechos denunciados, relativos al incumplimiento de la Ley de Actividades, podrían conllevar una sanción máxima de unos 300.000 euros. Precisamente, esta es la cantidad económica que el Consistorio, en coordinación con el Consell de Ibiza, pretende imponer a los organizadores de la macrofiesta ilegal.

"Hay que demostrar que lo han incumplido"

Durante la comparecencia, Mateu reconoce que, antes de aplicar la sanción, hay que seguir un procedimiento: “Hay que demostrar que lo han incumplido”.

Además, desde el Ayuntamiento insisten en que este tipo de celebraciones no autorizadas suponen un riesgo para la seguridad y la convivencia, por lo que mantendrán la vigilancia y la coordinación con otras administraciones para evitar que se repitan.

Un "festival" clandestino

El evento, en el que participaron más de mil personas, había comenzado la tarde del martes y estaba previsto hasta la tarde del miércoles, contaba con una infraestructura similar a la de un gran festival, con ocho espacios diferenciados, zonas de restauración, varias barras, un tiovivo portátil, un área sanitaria con ambulancia y personal médico, además de actuaciones de reconocidos djs internacionales como Bedouin, Seth Troxler y Dennis Cruz.

La actuación de la Policía Local de Sant Antoni y la Guardia Civil se produjo tras las denuncias de varios vecinos por el elevado nivel de ruido y por el dispositivo de transporte organizado para trasladar a los asistentes hasta la finca. Durante la inspección, las autoridades comprobaron la existencia de personal de control de accesos, seguridad privada, generadores eléctricos y servicios de comida y bebida.

La problemática de las fiestas ilegales no es el único tema tratado durante el balance de los tres años de mandato en relación con la seguridad ciudadana en el municipio, “un área muy importante”, según apunta Marcos Serra, quien se muestra satisfecho con la incorporación de “diez nuevas plazas para la Policía Local, con las que el municipio pasa de 59 a 69 agentes, además de los ocho agentes de intrusismo y convivencia (AICS), que dan apoyo a la Policía Local para asegurar el cumplimiento de la ordenanza municipal y que, además, trabajan en colaboración con el Consell de Ibiza en la inspección de taxis pirata y posibles casos de alquiler de pisos turísticos ilegales”.

El alcalde agrega: “A ello se suman la puesta en marcha del servicio de seguridad privada con ocho efectivos, que harán vigilancia discontinua en determinadas zonas municipales y que también estarán en contacto directo con la Policía Local, a la que darán soporte”.

Otra de las principales preocupaciones del Consistorio en materia de seguridad ciudadana es la venta no regulada y el consumo de óxido nitroso, sustancia más conocida como gas de la risa, en el municipio, especialmente en Sant Antoni. En este sentido, la máxima autoridad municipal afirma que “aproximadamente cada año hay un centenar de personas detenidas por esta sustancia, pero al cabo de pocas horas vuelven a estar en la calle”.

Marcos Serra: "El foco de la problemática del gas de la risa no debe centrarse en el Ayuntamiento"

Para Serra, “el foco de esta problemática no debe centrarse en el Ayuntamiento, sino más bien en el Estado, ya que es el responsable de confeccionar la legislación actual”. Por ello, reclama “un cambio en la normativa vigente y que el Estado haga un mayor esfuerzo para dotar a Sant Antoni de más agentes de la Guardia Civil, que ejerzan en el municipio no solo en verano, sino también en invierno, y que también afronten otras problemáticas más allá de los casos relacionados con el gas de la risa”. Ante ello, explica: “Estamos trabajando en una propuesta para que haya novedades en este sentido, y el Govern balear también, ya que nos encontramos en una situación de desamparo”.

Cabe recordar que el consumo de gas de la risa conlleva sanciones económicas que pueden ir desde los 750 hasta los 3.000 euros, según informó Diario de Ibiza el pasado 20 de mayo, durante la presentación de la campaña de concienciación ‘Turismo responsable’. Sin embargo, conviene matizar, tal y como explica Serra, que “la venta de óxido nitroso está permitida, ya que se utiliza mucho en repostería, pero el problema es que se está enfocando mucho su consumo con fines ociosos”, es decir, para drogarse.

Durante el balance, también se habla sobre del aumento del el número de cámaras de videovigilancia, que se han triplicado hasta alcanzar las 119, de las cuales 23 son de lectura de matrícula y 18 para control de vertidos en contenedores.

Con ello, Serra defiende que estas medidas buscan reforzar la seguridad y dar respuesta a problemas que, según el Consistorio, requieren una mayor implicación de todas las administraciones.

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