Reservas hídricas
El GOB y la Alianza por el Agua alertan de un urbanismo con menos control en plena crisis del agua en Baleares
La nueva ley ómnibus elimina el informe de suficiencia hídrica para el planeamiento urbanístico en Baleares, alertan
El GOB y la Alianza por el Agua alertan de un urbanismo con menos control en Ibiza en plena crisis del agua / Alianza por el Agua
Añádenos en GoogleEuropa Press
El GOB y la Alianza por el Agua han advertido de que la ley de aceleración de proyectos estratégicos, conocida como ley ómnibus, empeorará la crisis hídrica que sufre Baleares al permitir a los ayuntamientos aprobar o desarrollar planeamiento urbanístico sin solicitar el informe previo de suficiencia hídrica a la Dirección General de Recursos Hídricos.
Las entidades se han referido a la incorporación de una disposición adicional que, según han explicado, elimina este trámite en determinados supuestos. La medida, han asegurado, debilita el principal control ambiental sobre el crecimiento urbano "en el peor momento posible", cuando casi seis de cada diez masas de agua subterránea ya se encuentran sobreexplotadas, contaminadas o salinizadas.
El GOB y la Alianza por el Agua han alertado de que nuevos cambios de usos, recalificaciones, reclasificaciones u otros cambios en planeamientos urbanísticos previamente autorizados por la administración hídrica ya no requerirán su informe de suficiencia. En estos casos, han explicado las entidades, el ayuntamiento solo tendrá que incorporar al expediente administrativo del planeamiento urbanístico una memoria que acredite la inexistencia de nuevas demandas de recursos hídricos o de capacidad de depuración, sin ninguna clase de comprobación y control de cumplimiento de suficiencia.
Más presión sobre los acuíferos
A juicio de los mencionados organismos, la ley ómnibus se suma a la ley de simplificación, recurrida ante el Tribunal Constitucional, y a la de proyectos residenciales estratégicos como normas que incrementan la destrucción del territorio. Las entidades han señalado que el crecimiento urbanístico está provocando una presión más elevada sobre los acuíferos, causando una situación generalizada de sobreexplotación y contaminación de las aguas subterráneas en las Islas.
El GOB y la Alianza por el Agua han remarcado que los usos urbanos y residenciales en suelo rústico son los mayores consumidores de agua, muy por encima de los usos agrario e industrial.
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