Crisis habitacional en Ibiza y Formentera: el Govern amplía las bonificaciones fiscales ante el grave problema de acceso a la vivienda

El problema de la vivienda en Ibiza, Formentera y el resto de las islas amenaza con ahogar a la sociedad. Es una crisis estructural que pone en jaque el sistema social y productivo, basado casi únicamente en el sector servicios. Ahora, el Govern balear, del PP, anuncia nuevas medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda que además entran en vigor este domingo, con bonificaciones en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP), reducciones para viviendas de precio limitado y una deducción para propietarios que congelen el alquiler.

En Ibiza y Formentera, el umbral del precio máximo de la vivienda para poder acogerse a las bonificaciones existentes en el ITP para la adquisición de la primera vivienda habitual se mantiene en 378.212 euros, después del incremento aprobado por el Govern balear el pasado 17 de marzo. Ahora, con la entrada en vigor de la nueva normativa, tanto en Mallorca como en Menorca se establece un nuevo umbral, que asciende a los 331.859,70 euros.

La publicación este sábado en el Boletín Oficial de las Illes Balears de la Ley (BOIB) de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de las Illes Balears incorpora diversas modificaciones tributarias destinadas, según el Govern balear, a facilitar el acceso a la vivienda y favorecer el mantenimiento de alquileres asequibles.

Una de las principales novedades es el aumento del umbral del precio máximo de la vivienda para poder acogerse a las bonificaciones existentes en el ITP en la adquisición de la primera vivienda habitual. Los jóvenes menores de 30 años y las personas con discapacidad cuentan con una bonificación del 100 % en este impuesto, mientras que los jóvenes menores de 36 años y las familias numerosas, monoparentales o con personas con discapacidad a cargo tienen una bonificación del 50%.

El pago del ITP

Esta medida, desde su entrada en vigor el 18 de julio de 2023 y hasta el 31 de marzo de 2026, ha permitido, según el Govern balear, que prácticamente 2.000 jóvenes menores de 30 años no hayan pagado el ITP para adquirir su primera vivienda habitual, con un ahorro medio de 16.950 euros. Además, 3.257 jóvenes menores de 36 años y familias numerosas, monoparentales o con personas con discapacidad a cargo se han beneficiado de la bonificación del 50 %, con un ahorro medio de 10.385 euros. En total, son más de 5.000 jóvenes y familias que se han ahorrado más de 67 millones de euros.

«Después de haber ayudado ya a miles de jóvenes a adquirir su primera vivienda, ahora ampliamos los beneficios fiscales para que lleguen a más personas y para que se adapten a la realidad de los precios actuales del mercado inmobiliario», afirma el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa.

Otra de las medidas fiscales que entra en vigor este domingo es la nueva bonificación del 100% de la cuota del impuesto sobre actos jurídicos documentados (IAJD) para los jóvenes menores de 30 años y las personas con una discapacidad igual o superior al 33 % que adquieran su primera vivienda habitual. Asimismo, se crea un tipo reducido del 0,5 % para los jóvenes menores de 36 años y las familias numerosas, monoparentales o con personas con discapacidad a cargo.

Vivienda a precio limitado

Por otro lado, se establece una bonificación del 50 % tanto en el ITP como en el IAJD cuando la vivienda adquirida sea una vivienda de precio limitado, con el objetivo, según el Govern balear, de favorecer el acceso a esta tipología de vivienda e incentivar su demanda como una alternativa asequible dentro del mercado residencial de Baleares.

«Este nuevo paquete de medidas tributarias continúa la línea iniciada esta legislatura de reducir la presión fiscal sobre los jóvenes y las familias y facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos de las Baleares», señala Costa.

Por último, entra en vigor una nueva deducción autonómica para que pueda aplicarse a partir del ejercicio fiscal de 2026 y, por tanto, en la declaración de la renta que se presentará en 2027.

La deducción está destinada a los pequeños propietarios que, al renovar los contratos de alquiler, mantengan congelado el precio o, en todo caso, no lo incrementen por encima de la variación del IPC.

Se trata de una deducción del 50% del rendimiento neto obtenido, con un máximo de 800 euros anuales por vivienda y de 2.000 euros por contribuyente, con el objetivo, según el Govern balear, de ofrecer un incentivo fiscal que contribuya a contener los precios del alquiler y a mantener una oferta de vivienda asequible para los residentes de las Baleares.